La Fiscalía de Alicante ordena investigar a los alcaldes y concejales de las 'vacunas VIP'

ALICANTE. Habrá investigación sobre el escándalo de las vacunas VIP recibidas por alcaldes y concejales de la provincia de Alicante. La Fiscalía de Alicante ha ordenado este lunes la apertura de diligencias preliminares para determinar si alguno de los cargos públicos a los que se les administró la primera dosis de las vacunas contra la covid-19 pudieron incurrir en algún supuesto delictivo, según han confirmado fuentes de la Fiscalía.

La instrucción, dictada por el fiscal jefe, Jorge Rabasa, se produce en respuesta a la denuncia registrada el pasado jueves por dos históricos representantes del movimiento vecinal en la ciudad de Alicante, José Luis Valdés y José María Hernández Mata. El escrito señala en concreto a los casos conocidos sobre la inoculación del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP); del alcalde de El Verger, Ximo Coll (PSOE) y de la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives (PSOE), así como del concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano (PP); el comisionado del área de Salud de Torrevieja y concejal de Benejúzar, José Antonio García (PSOE), y la ya exedil de Sanidad y Bienestar Social de Dénia, Cristina Morera (PSOE), quien presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal la semana pasada.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por Alicante Plaza han precisado que en esas diligencias preliminares se debe analizar caso por caso cada una de las situaciones que dieron pie a la vacunación de ese conjunto de cargos públicos para determinar si pudieron prevalerse de sus respectivas funciones para recibir la dosis de la vacuna contraviniendo el orden preestablecido en el protocolo sanitario. Hasta el momento, según las mismas fuentes, se trataría de las segundas diligencias abiertas en relación a la supuesta administración irregular de las vacunas a cargos políticas, tras las iniciadas por la Fiscalía de Murcia.

En su denuncia, los dos activistas vecinales solicitan a la Fiscalía que pueda valorar "las sanciones legales" a aplicar en el caso de que se concrete la existencia de anomalías. Así, en su escrito, los dos dirigentes emplazan a encontrar "una fórmula legal para que esos sucesos vergonzantes" a los que hace referencia su denuncia "no se puedan dar más en un sistema democrático como es el nuestro".