El portavoz de Unides Podem, Xavier López; el coordinador local de EU, Manolo Copé, y el secretario de Organización, Darío Moreno, a las puertas de la Audiencia.ALICANTE. La denuncia presentada por la agrupación local de Esquerra Unida (EU) sobre los contratos menores tramitados desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ya tiene respuesta. La Fiscalía ha acordado la instrucción de diligencias de investigación penal para determinar si de los hechos puestos de manifiesto por la formación política pueden deducirse indicios de un supuesto delito de prevaricación.
En esta línea, el fiscal Pablo Romero (adjunto a la Fiscalía Anticorrupción), que ha asumido las diligencias, acaba de solicitar la práctica de las primeras pruebas para recopilar información con el fin de esclarecer si existió el fraccionamiento de contratos del que se alerta en la denuncia. En concreto, se ha concertado la declaración de al menos un primer testigo con el fin de recabar explicaciones que contribuyan a esclarecer el procedimiento de contratación seguido en los siete encargos señalados en la denuncia de EU.
Se trata de siete trabajos vinculados, por un lado, a la planificación del proyecto de remodelación del frente litoral, en lo que atañe al tramo del frente de La Explanada. Y, por otro, a estudios encomendados con motivo de la ejecución de la primera fase de la rehabilitación del centro cultural municipal de Las Cigarreras, en la antigua fábrica de tabacos.
Como detalló EU a través de un comunicado, en el primer bloque se encuadraría un primer encargo de julio de 2020 para la redacción del proyecto "Estudio y diseño paisaje frente litoral, tramo Sangueta-Plaza de Galicia", con un importe de 14.520 euros (impuestos incluidos). Su plazo de ejecución sería de tres meses y su adjudicatario, Evo6 Plan Dirección de Proyectos SL. En segundo término, se trataría del contrato para el estudio topográfico de la redacción del proyecto de urbanización en Avenida de los Mártires de la Libertad y avenida Julio Guillén Tato, adjudicado en abril de 2021 por 1.936 euros a Cartografía del Mediterráneo.
El tercer contrato sería el adjudicado el 17 de junio de 2021 a Cytem para la realización de estudio geotécnico en Paseo Mártires de la Libertad por un presupuesto del licitación de 16.607,25 euros. Y el cuarto, otro proyecto adjudicado el 12 de mayo de este año al arquitecto Emilio Vicedo para la redacción del proyecto de ejecución del Paseo de los Mártires de la Libertad, con un presupuesto de licitación de 17.545 euros.
En el segundo bloque de contratos, quedaría conformado por un primer contrato sobre la redacción del Plan Director de Intervención y Usos del ámbito Edusi, desarrollo OI4, estudio previo del conjunto arquitectónico Las Cigarreras y redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de la Fase 1 de la Antigua Casa de la Misericordia, adjudicado el 13 de octubre de 2020 a una UTE liderada por el gabinete de arquitectura de Ramón Esteve por un importe de 559.746 euros.
El segundo contrato sería el relacionado con los servicios de documentación por técnicas láser terrestre 3D del conjunto de edificaciones de Las Cigarreras, licitado por 16.940 euros, adjudicado el 24 de marzo de este año a Natxo Segura. Y el tercero y último sería el contrato para la realización de ensayos estructurales para acometer la redacción del proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de la Fase 1 de la antigua Casa de Misericordia licitado por un importe de 13.429 euros, que fue adjudicado el 8 de abril de 2021 a Laboratorio de Ingeniería y Medio Ambiente.
La tesis que mantiene EU es que esos dos bloques de encargos constituyen, en realidad, dos unidades funcionales, puesto que -en su opinión- formaban parte de un mismo objeto. Así, sostiene que no debieron haberse encomendado de forma directa (sin concurso) y de forma separada, sino que se debió haber tramitado una única licitación para cada uno de los dos bloques.
Por lo pronto, tras analizar la denuncia, la Fiscalía ha decidido solicitar las primeras declaraciones. Como mínimo, ya está fechada para la próxima semana la citación del coordinador local de EU, Manolo Copé, quien actuó como denunciante. No obstante, todo parece indicar que podrían haberse acordado otras citaciones o que podrían promoverse en los próximos días. Entre ellas, podría solicitarse la comparecencia del concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), como máximo responsable político del departamento.
Como ya ha informado este diario, el regidor negó la existencia de cualquier tipo de anomalía desde el momento en el que trascendió la denuncia pública de EU. Entonces, defendió que los contratos obedecían a finalidades distintas y que, además, se produjeron en fechas diferentes, por lo que no guardaban una relación de dependencia entre sí. Así, señaló que la denuncia era, en realidad, una maniobra con la que EU quería ganar protagonismo político.
