La fiscal ve dudas en la acusación contra el empresario Javier Reina: el socio era conocedor de todo

ELCHE. Visto para sentencia. Así que ha concluido este miércoles la vista oral que se ha celebrado en la sección de Elche de la Audiencia Provincial contra el empresario Javier Reina y su socio F. Llobregat y la empresa Ociex España por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y delito societario, a raíz de la denuncia que presentó, Ignacio Torregrosa, socio de Ociex Internacional. Tras tres sesiones de declaraciones, este miércoles, se ha celebrado la última sesión, en la que el Ministerio Fiscal ha modificado su escrito de acusación y ha expresado sus dudas de que los dos empresarios puenda ser condenados, como reclama la acusación particular ejercida por Torregrosa, que ha solicitado hasta 12 años de prisión. En cambio, las defensas no solo han pedido la absolución, sino que además han reclamando la condena en costas contra el denunciante por su querella "a la catalana, temeraria y repleta de pruebas fabricadas". 

Los hechos que se juzgan se remontan a 2014, cuando los socios de Ociex España, una consultora dedicada a formentar los negocios de la exportación de productos y franquicas, pasa por problemas económicos y uno de los socios, Ignacio Torregrosa -entonces director financiero-, hace una aportación de 100.000 euros con el objetivo de inyectar capital y mantener su actividad. La operación se hizo en julio de 2014, en el momento de mayor tensión económica de la empresa, y  al tiempo que se crea otra sociedad, Ociex Internacional (hoy Business World Alicante). 

Los denunciantes han venido sosteniendo que el socio que aportó los 100.000 euros, Ignacio Torregrosa, fue engañado con el hipotético señuelo de que iba a entrar en un negocio del aceite, que resultó fallido, y, por tanto, a recuperar rápidamente la inversión. En cambio, la defensa ha sostenido que Torregrosa era conocedor de las todas las operaciones e incluso de la creación de Ociex Internacional, sugerida por sus asesores legales, que posteriormente acabaron presentado la denuncia. Durante la vista, se ha debatido sobre cuál ha sido la formula de la inversión -en forma de préstamo participativo o no-, pese a que la deuda ha sido reconocida por las dos partes -incluso está depositada en el juzgado- y las diferentes ofrecimientos para que Torregrosa pudiera cobrarla.

La acusación ha intentado hacer ver, a través de varios testimonios, como un informe pericial contable, la declaración de los abogados José Antonio Muñoz Zafrilla, padre e hijo, y algún que otro proveedor que el negocio del aceite, que se iba a comprar en Yakarta y distribuir en otras partes, había sido un engaño y que Reina hizo y deshizo movimientos contables a su conveniencia, sin el consentimiento de Torregrosa. Además de la inversión y el negocio del aceite, los denunciates acusaban a Reina de ser el único que adoptaba decisiones en la ranqueante economía de Ociex España; de pagar precios elevados por determinados servicios y de trasvasar dinero a la nueva sociedad, Ociex Internacional.  

Pero varios testimonios han desmontado muchas de esas tesis. La primera, los intermediarios del negocio del aceite. Los representantes de la empresa Paramarmol, que había mostrado interés por ese negocio, reconocieron en sede judicial que la operación se planteó, se testeó, pero que finalmente no se cerró, sin ningún reproche de que fueran engañados. En cuanto a la operación en si de la inversión de Torregrosa en Ociex Internacional -de la que el propio despacho Muñoz-Zafrilla había asesorado cómo debía hacerse, si como préstamo participativo o no- el letrado Muñoz-Zafrilla Palomares se la desaconsejó, como ha dicho este miércoles. Es decir, que Torregrosa la adoptó por su riesgo y cuenta. En este punto, la defensa ha puesto en evidencia, a través de un correo, como por otra parte era asesorado por José Antonio Muñoz-Zafrilla Giner, el hijo. Y por último, los movimientos entre sociedades, Ociex España y Ociex Internacional, algunos correos y los propios pagos autorizados por la aplicación bancaria habrían demostrado que Torregrosa estaba al corriente.

Todo ello ha llevado a la fiscal a modificar su escrito de conclusiones. En un principio, había planteado penas para los acusados, pero al final, la representante del Ministerio Fiscal ha asegurado que después de la vista tenía dudas de las acusaciones. A juicio de la fiscal, Torregrosa es empresario y tenía experiencia en determinadas operativas; era conocedor de los pagos y estaba al corriente, incluso de una transferencia de 50.000 euros que hizo Ociex España procedente de los fondos aportados por él mismo. Y ha enfatizado que pese a la transferencia, puesta en duda por su defensa, nunca alertó de un posible desvío ni solicitó la anulación de esa operación a posteriori. "Conocía los objetivos de la empresa y era un socio más; tenía conocimientos básicos de lo que hacía", ha indicado la representante del ministerio público, que ha sido la primera en mostrar su sorpresa de que esta causa se dirimiera en la vía penal, cuando en todo caso debía ser una causa de la vía civil.  

Las defensas de Reina y Llobregat han ido más allá. No solo han rebatido las pruebas aportadas por  la acusación, poniendo en duda que tuvieran validez en la jurisdicción penal, sino que han reclamado que se le condene en costas. Tanto Carlos Peñarrubia como Sebastián Crespo han defendido, además, la idea de los múltiples ofrecimientos para que los acusados devolvieran los 100.000 euros aportados por Torregrosa, a lo que se ha negado. Su defensa, en cambio, ha asegurado que las condiciones de devolución eran inaceptables porque llevaban aparejadas otras contrapartidas como la venta de acciones que todavía conserva en Ociex Internacional. En cambio, las defensas sostienen que Torregrosa ha pretendido cobrar una cantidad más elevada de la reconocida como deuda.

Además, las defensas han reiterado en "las pruebas fabricadas" por el querellante. Y entre ellas, han citado el informe pericial contable de Jorge Albentosa, un antiguo trabajador del despacho Muñoz-Zafrilla, y algunos correos inconexos e incompletos, además de una declaración de otro socio, Isidro López, hecha ante notario, después de que fuera eliminado de las acusaciones en la denuncia inicial que ha dado el origen a toda la causa.