Fábrica de baterías Clarios en Guardamar del Segura. Foto: APALICANTE. La fábrica de baterías para automoción, Clarios, de Guardamar del Segura cuenta desde hoy con la aprobación definitiva de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para ampliar su producción y poder alcanzar los 10 millones de unidades. Este trámite definitivo ha quedado reflejado esta mañana al publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) con la firma del director general de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer.
El comité de empresa de la planta que la multinacional tiene en Guardamar se ha mostrado "aliviado y con gran alegría", en palabras de su presidente Eduardo Antón (UGT) tras conocerse esta mañana la resolución y concluir con un proceso que viene de 2016.
Casi cinco años después de que la multinacional iniciara el expediente para ampliar la producción, ya cuenta con todas las autorizaciones. Durante este proceso, la multinacional había iniciado la reducción de carga de trabajo derivando a la otra planta que tiene en Burgos y por Europa. Algunas de las inversiones se derivaron a la planta de Turquía. Con esta autorización, señalan desde el comité de empresa, que la empresa ya está trabajando a pleno rendimiento en el cuarto turno. "Nos da mucha fuerza a la planta de Guardamar porque el principal competidor son las propias plantas del grupo, la que quedara como residual correría el riesgo de cerrarse y podríamos haber sido nosotros" explica Antón. Para el presidente del comité de empresa, esta autorización representa "el futuro" ya que según le habían trasladado desde la dirección, a corto plazo peligraban unos 100 puestos de trabajos directos y a largo plazo, la continuidad. En la actualidad hay más de 400 puestos directos.
La multinacional tiene ubicada su planta en una parcela, junto a la N-332, de 157.514 m2, de los cuales 33.778 m2 es espacio construido. La autorización recientemente aprobada recoge la ampliación de la producción de 7,5 millones de unidades a 10 millones al año, no contempla la ampliación de las instalaciones. Al contar con esta resolución, explican desde el comité, la planta podrá recuperar la inversión de maquinaria que se había retirado en favor de otras plantas y desarrollar nuevas unidades con las que proveer tanto la otra planta que tiene en España como en Europa.
Durante el procedimiento, la federación Ecologistes en Acció del País Valencià presentó una serie de alegaciones centradas principalmente en dos líneas. Una de ellas era en refernecia a los límites de emisión de plomo, considerando que no se había tenido en cuenta los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles de industrias de metales no ferrosos. El Servicio de Lucha Contra el Cambio Climático y Protección de la Atmósfera indicaba que la documentación aportada en materia de emisiones "es suficiente y adecuada" acordes a la normativa europea.
La segunda alegación relacionaba la ubicación de la propia fábrica y la actividad que en ella se desarrolla. Solicitaron que se analizaran los impactos de esta actividad sobre el entorno. Detallaban que la parcela se encuentra en el interior del área de influencia de la zona húmeda catalogada "desembocadura y frente litoral del río Segura". Además, añadían que estaba próxima al Hondo de Amorós y al LIC y microreserva Dunes de Guardamar. El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental solicitó al Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos y el de Ordenación del Territorio informes en los que se confirmara que la mercantil cumplía con los elementos presentados por los ecologistas.
La resolución de esta mañana, además de confirmar la Autorización Ambiental Integrada añade que la multinacional deberá atender a todos los condicionantes incluidos en la decración de impacto ambiental. Entre esos condicionantes se encuentra que en el plazo máximo de cinco años, la empresa tendrá que estudiar la posibilidad de evacuar las aguas residuales generadas a la EDAR de Guardamar a través de un colector. Esta EDAR se encuentra a 300 metros del puntos del vertido actual. En cualquier caso, tendrá que cumplir estrictamente los valores límites fijados en la autorización otorgada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Deberá la empresa también realizar controles en las aguas para cumplir con las normas de calidad ambiental al ubicarse en una zona húmeda. Otro de los condicionantes es en materia del acopio y almacenamiento. El Servicio de Ordenación del Territorio en un informe señalaba la vulnerabilidad de la instalación ante inundaciones y las consecuencias que esto podría provocar por la utilización y almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos. Por esto indica como medida la sobreelevación respecto de la rasante de la N-332 para que no queden afectados por el calado de inundación.
Cierra el grupo de condicionantes directos la obligatoriedad de establecer un programa de vigilancia ambiental con el que acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas. Éstas se trasladarán a un registro e incluirá el resultado de los controles y autocontroles periódicos legalmente exigibles.
Ismael Senent, Secretario General UGT en la provincia, y antiguo trabajador en la empresa, insiste en el compromiso de la multinacional con el medio ambiente. Coincide con su compañero en calificar esta AAI como un paso muy importante en materia de empleo. Recalca "la necesidad de este tipo de industrias, no puede ser todo turismo, porque puede amortiguar los vaivenes del empleo como en esta situación de pandemia".
