ALICANTE. La gestión del agua se ha convertido a la fuerza en un arte en la provincia de Alicante, donde destaca el alto índice de reutilización gracias a una importante red de estaciones depuradoras (EDAR) que dependen de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, en estos momentos, la EPSAR tiene varios contratos de explotación de depuradoras de la provincia vencidos y otros que lo harán en cuestión de dos meses, por un importe nada desdeñable: 45 millones de euros.
La EPSAR está retrasando la licitación de los contratos vencidos de explotación de depuradoras en alicante, algunos caducados desde hace un año, y estos se están prorrogando de forma extraordinaria fuera de la normativa que rige actualmente con la ley de contratos de las administraciones públicas. Por otra parte, nada se sabe de los pliegos de los contratos que vencen en noviembre o diciembre de este año, pese a que en algunos casos faltan apenas unas semanas para que sus actuales adjudicatarios empiecen a prestar el servicio, también, fuera de contrato. Las licitaciones pendientes podrían reducir hasta un 20% el coste de estos contratos.
Así, por ejemplo, el principal contrato vencido es el de explotación de las pequeñas EDAR de Alicante sur, con un presupuesto de 8,42 millones de euros para cinco años. Este contrato está vencido desde diciembre de 2019 y el gasto actual es de 1,9 millones de euros al año fuera de contrato. Con el nuevo presupuesto de licitación y presumiendo una baja en las ofertas del 15%, el coste anual será de 1,45 millones de euros, por lo que se esta generando un sobrecoste para las administración autonómica de 460.000 euros al año.
Le siguen en importancia los contratos de explotación de las pequeñas EDAR de Alicante Norte y Centro, con 7,5 y 7,4 millones de euros de presupuesto para 5 años, respectivamente. Ambos están vencidos también desde diciembre de 2019. El primero cuesta 1,52 millones al año, frente a los 1,27 millones anuales que aproximadamente supondrá el nuevo contrato, por lo que se está generando un sobrecoste para las administración autonómica de 250.000 euros al año. El segundo cuesta 1,45 millones al año, frente a los 1,26 millones del nuevo contrato, de forma que el sobrecoste es de 190.000 euros al año.
Otro contrato vencido desde diciembre de 2019 es el de la explotación de la depuradora de Crevillent, que cuenta con un presupuesto de 4,53 millones de euros para cinco años. El gasto actual es de 830.000 euros al año. Con el nuevo presupuesto de licitación y presumiendo una baja en las ofertas en torno al 15%, el coste anual será de 770.000 euros, por lo que se está generando un sobrecoste para el Consell de 60.000 euros al año.
Al margen de los cuatro contratos vencidos, hay otros tres que lo harán antes de que finalice 2020, y en cuyos pliegos tampoco se ha comenzado a trabajar. El primero, la explotación de la EDAR de Benissa-Senija, con un presupuesto de 1,06 millones de euros para cinco años. El gasto actual es de 210.000 euros al año, y con el nuevo presupuesto de licitación (asumiento la baja en torno al 15%) será de 180.000 euros, por lo que mientras no se licite se generará un sobrecoste de 30.000 euros al año. Es de esperar que, como pronto, el nuevo contrato se inicie a finales del año que viene, con doce meses de retraso.
La depuradora de Callosa de Segura también verá cómo vence el actual contrato de explotación en unas semanas, en noviembre de este año. El nuevo contrato tiene un presupuesto de 4,35 millones para cinco años. El gasto actual es de 850.000 euros al año, y el nuevo se estima en 740.000 euros, por lo que a partir del mes que viene se generará un sobrecoste para la EPSAR de 110.000 euros al año. En diciembre vence el contrato de Calp, que cuenta con un presupuesto de 4,55 millones de euros para los próximos 5 años. Dado que el gasto actual es de 950.000 euros al año y el nuevo será de unos 775.000 euros, se va a generar un sobrecoste para las administración autonómica de 175.000 euros/año.
Por último, la explotación de la EDAR de Santa Pola, que cuenta con 6,8 millones de presupuesto para los próximos 5 años, vence en abril de 2.021. El gasto actual es de 1,4 millones al año, frente a los 1,2 millones anuales que costará el próximo (contando con la baja del 15%). El sobrecoste que empezará a generarse dentro de medio año será de 200.000 euros anuales, y no se prevé que se adjudique el nuevo contrato, como en los casos anteriores, hasta finales de 2021.