La edil de Deportes y Turismo, Eva Montesinos, en un pleno, de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE/AP). La concejala de Deportes y Turismo en el Ayuntamiento de Alicante, la socialista Eva Montesinos, ha negado este viernes en el juzgado haber acosado laboralmente a una funcionaria y ha atribuido la querella interpuesta por ésta a su negativa a ascenderla de categoría, según fuentes próximas al caso.
Montesinos ha comparecido en el juzgado de Instrucción 9 durante cerca de media hora para prestar declaración en calidad de investigada, término que sustituye al de imputada tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La edil ha declinado hacer declaraciones a los periodistas tanto a su llegada a la sede judicial como a la finalización de su interrogatorio.
La causa judicial, por la que también ha sido citada a declarar como investigada una técnica de la concejalía el próximo lunes, deriva de la querella por un presunto delito de acoso laboral presentada el pasado verano por la funcionaria presuntamente afectada. La trabajadora se halla de baja laboral desde principios de año, tras ser expedientada por criticar en las redes sociales la gestión de la concejala y de la jefa de servicio de la Concejalía de Deportes.
Montesinos ha atribuido la querella a una represalia de la trabajadora por no haber obtenido un ascenso del grupo B de funcionarios al grupo A, que ella perseguía insistentemente, según fuentes próximas al caso. Según su versión, la querellante no cumplía con los requisitos para beneficiarse de ese ascenso y así se le comunicó tras la correspondiente consulta con la Concejalía de Recursos Humanos. La edil ha explicado que la empleada se ocupaba en la actualidad del deporte base infantil, una prioridad para su departamento porque afecta a unos 5.000 niños de la ciudad. Montesinos sólo ha respondido a las preguntas de su defensa.
Los dos grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PP y Ciudadanos (Cs), han solicitado este viernes, por otra parte, la convocatoria de la comisión de investigación sobre los contratos bajo sospecha de la Concejalía de Comercio en la que se debe poner en común un dictamen de conclusiones, a partir de las propuestas de resolución de cada grupo político.
Tanto la portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, como la portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, han coincidido en señalar que la última convocatoria fue suspendida al coincidir con la comparecencia del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, en el juzgado para declarar en calidad de investigado en relación a esos mismos contratos por un importe global de 189.000 euros. En esta línea, han precisado que debería volver a convocarse esa última sesión y han llegado a proponer que se señale durante la próxima semana.
El presidente de la comisión y edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez (PSOE), ha replicado que fueron precisamente PP y Cs quienes solicitaron el aplazamiento de esa sesión con el argumento de que el resultado de la investigación judicial en curso podía afectar a la determinación de las conclusiones de esa comisión. Por ello, ha avanzado que no convocará esa última cita hasta que el juzgado instructor cierre las diligencias al respecto.
