Loreto Cascales junto a Miguel Zaragoza, en un acto del PP.SANTA POLA. El caso de la Clínica Gran Alacant, que ha provocado la dimisión del ex alcalde de Santa Pola y diputado provincial de Bienestar Social, el popular Miguel Zaragoza -imputado en la causa por supuesta prevaricación, malversación y cohecho- tiene una nueva y sorprendente acusación particular: la diputada nacional del PP, ex concejala de Santa Pola y presidenta local del partido Loreto Cascales Martínez. En la última citación judicial de nuevos testigos que deben declarar en la causa, los próximos 18 y 19 de junio, Cascales ya figura como denunciante junto al Ayuntamiento de Santa Pola -ahora gobernado por los partidos de la izquierda-, que fue quien denunció los hechos ante la Policía Nacional.
Resulta cuando menos curioso que la diputada se haya personado como perjudicada de los supuestos delitos de los que están acusados al menos dos ex compañeros de ella en su etapa como concejala, Miguel Zaragoza, que era el alcalde, y Jorge Perelló, regidor de Personal. Y es más, Loreto Cascales figura en el primer auto que dictó la juez del juzgado número dos de Elche como investigada, aunque al ser diputada nacional, no puede ser citada a declarar. Como ha publicado Alicante Plaza, en caso de que al final de toda la instrucción la juez viera indicios de delito en Cascales, debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo, que es quien tiene la competencia para investigar a diputados nacionales y senadores.
Lo que se investiga en esta causa es si el Ayuntamiento de Santa Pola, desde 2005 hasta 2015, con Miguel Zaragoza como alcalde, alquiló unas instalaciones municipales a la empresa Clínica Gran Alacant SL para la gestión de las mutuas de los funcionarios y para dar servicio a la zona residencial a cambio de favores a familiares de los responsables públicos del PP. Así, entre otras cosas, se investiga si la hermana del ex alcalde -Pilar Zaragoza, que está imputada- cobraba de la clínica sin a trabajar o si personal del consistorio prestó servicios para esa empresa privada. En los primeros interrogatorios que ha realizado la Udef se apunta hacia esa dirección: hay varios testigos que han avalado esa tesis ante la Policía Nacional. Durante todo este periodo de alquiler, la Clínica Gran Alacant no abonó ninguna mensualidad del canon al consistorio y dejó una deuda de 109.000 euros.
En lo que respecta a Loreto Cascales, hay que recordar que en el momento en el que se produjo el alquiler de la clínica privada en dependencias municipales, ella era la concejala delegada de Gran Alacant y tenía despacho en esas instalaciones, de ahí que figure como investigada, aunque no se le haya citado por las razones antes explicadas. Su personación puede obedecer a una estrategia procesal para presentarse como perjudicada y, al mismo tiempo, tener acceso a todo el sumario judicial.
Por el momento, han prestado declaración el propio Miguel Zaragoza y Jorge Perelló; los candidatos en la lista del PP Francisco Martín Molina y Antonio Jesús Martínez García, así como los primigenios propietarios del centro médico Gran Alacant SL, Fernando Gómez Soler y Manuel Rodríguez Bernal. La hermana de Miguel Zaragoza, que supuestamente cobraba la nómina y no solía acudir a su puesto de trabajo, deberá declarar el próximo 18 de junio, junto a otros funcionarios del consistorio, que van en calidad de testigos, como Inmaculada López Aracil; María Esperanza Burdo¡eos García y Antonio Sempere González. Para el 19 de junio están citados Loreto Martínez Pomares, Francisco Manzano Candela, Rosalía Pérez Alfonsea y Maria Verónica Angio.
