Protesta de empleados de Netalia y Limpiezas Raspeig por los impagos, el pasado marzo. Foto: EPALICANTE. La contrata 'por trozos' de urgencia para mantener el servicio de limpieza de edificios de la Diputación mientras sale adelante el pliego para el nuevo contrato de larga duración empieza a resolverse. Y el resultado ha puesto sobre alerta al sindicato CCOO, que este martes alertó de que, con las ofertas a la baja presentadas por las empresas que concurren, es probable que en breve haya problemas de impagos a los 150 trabajadores del servicio.
Finalmente, la adjudicación se ha dividido en cuatro lotes: uno para los edificios de la propia institución provincial (el más suculento, que salió a concurso por 800.000 euros), otro para el Adda, un tercero para el Marq y el cuarto, el más modesto, para el Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero, la Agencia Provincial de la Energía y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Este martes se abrieron las ofertas presentadas por las distintas empresas y se estableció el orden de valoración, según las fuentes consultadas, por lo que es cuestión de días que se adjudique.
Así, el lote 1 (edificios de la Diputación) se adjudicará a la firma murciana STV Gestión, la firma que se encarga de la limpieza de los edificios oficiales del Gobierno de Murcia. La empresa ha presentado una oferta con una rebaja del 16% sobre el precio de licitación, un importe que a juicio de CCOO es "insuficiente para la correcta prestación del servicio, al tiempo que podría derivar en perjuicios para la plantilla como atrasos en los pagos o recortes de personal". Precisamente, los trabajadores de la contrata de STV con el Gobierno de Murcia fueron a la huelga en 2018 por la rebaja de sus salarios.
Los lotes 2 y 3 (Adda y Marq) irán a parar a la empresa Samsa, que forma parte del Grupo Vectalia, mientras que el Lote 4 se adjudicará previsiblemente a la firma Netalia, dado que en este caso es la única que ha presentado oferta. Esta firma preocupa especialmente a CCOO, ya que junto a Limpiezas Raspeig ha protagonizado la reciente huelga de los trabajadores de limpieza de edificios oficiales de la Generalitat, por los atrasos en los pagos. La huelga indefinida convocada y aplazada desde marzo por los comités de empresa de ambas firmas se suspendió definitivamente en abril al cobrar parte de los citados atrasos.
Como ha venido contando Alicante Plaza, la Diputación decidió trocear y licitar de urgencia el servicio de limpieza tras el aviso de 'espantada' de las empresas de Enrique Ortiz que todavía prestan el servicio. La última prórroga de este contrato venció en 2017, y se ha ido contratando y pagando mes a mes desde entonces. Finalmente, fue Ortiz quien el pasado mes de abril avisó a la Diputación de que iba a dejar de prestar el servicio, tras la anulación por parte del Tribunal de Recursos Administrativos de la adjudicación del nuevo contrato a FCC. El pasado mes de julio, este órgano del Ministerio de Hacienda obligó a reiniciar el proceso, por lo que la solución adoptada por la Diputación ha sido buscar 'empresas puente' mientras saca a concurso el próximo megacontrato de larga duración.
La decisión de esta nueva adjudicación, en cualquier caso, la adoptará ya la nueva Corporación, tras las elecciones municipales del pasado fin de semana. CCOO espera que las nuevas empresas entren a prestar el servicio como tarde el 1 de julio, para evitar que haya que cobrar un mes en partes proporcionales de dos empresas distintas, lo que "generaría aún más problemas a los empleados". Asimismo, pide a la nueva Diputación que esté "ojo avizor" con las nuevas firmas para que se respeten las condiciones del personal subrogado y se vigile que se cumplen los pagos.
