ALICANTE. La Diputación de Alicante, a través del área de Infraestructuras, dedicará un 50% más de presupuesto a la inversión en planes de obra en esta legislatura. Así lo ha anunciado el diputado del área, Javier Gutiérrez, quien ha confirmado que “pasaremos de 60 a 90 millones de euros tomando como referencia la etapa anterior, un significativo aumento en las subvenciones dirigidas a los municipios”.
El titular de Infraestructuras ha destacado que el incremento en 30 millones de euros representa una gran apuesta por ayudar a hacer realidad los proyectos de todos los municipios “y supondrá crear nuevos espacios deportivos, culturales y de encuentro social, ciudades más verdes y sostenibles o el desarrollo de proyectos de eficiencia energética” “Es un impulso definitivo para mejorar los servicios públicos de toda la provincia”, ha insistido.
El importe global de la inversión en esta legislatura, teniendo en cuenta además de la aportación de la Diputación la que realizan los ayuntamientos, ascenderá a 126 millones de euros, “una cifra relevante frente a los 90 millones generados en la legislatura pasada”, ha señalado el diputado.
Gutiérrez ha asegurado además que el aumento de la consignación presupuestaria para los planes de obras “podría haber sido aún mayor si se hubieran desbloqueado las competencias impropias con la asunción de la gestión de centros como Doctor Esquerdo y el Hogar Provincial por parte de la Generalitat”. En este sentido, según el diputado, “los municipios están dejando de recibir cada año 25 millones de euros, algo que el Botànic permite en perjuicio de los intereses de las administraciones locales alicantinas”.
En esta legislatura se van a desarrollar, desde el área de Infraestructuras, Planifica, el Plan de Obras 2019 y el Plan Más Cerca. A través del primero se llevarán a cabo inversiones por valor de cerca de 100 millones de euros, que contarán con una aportación de la Diputación de 71 millones. Con Más Cerca, la institución provincial aportará 30 millones para gasto corriente e inversión, a decisión de los ayuntamientos, y para combatir la despoblación en los municipios que en los últimos diez años hayan sufrido descensos de población censada.