Los portavoces del Compromís, Gerard Fullana, Carlos Castillo, del PP, y José Chulvi, del PSPV. Foto RAFA MOLINA ALICANTE. Finalmente, la Diputación de Alicante repartirá otros 27 millones de euros en obras. Y lo hará en dos fases o tandas, siempre y cuando haya consenso entre todas las formaciones políticas; es decir, entre el Gobierno del PP y los grupos de la oposición, PSPV, Compromís, Esquerra Unida y el diputado no adscrito. En principio, esos 27 millones formarían parte del plan de obras financieramente sostenibles, pero al no haber Presupuestos Generales del Estado, la Diputación de Alicante quiere buscar el acuerdo para poner en marcha toda la maquinaria administrativa y poder activar las inversiones en dos tandas. La primera, valorada en 14 millones de euros, que iría destinada a obras que deben reparar los desperfectos causados por los diferentes temporales de este invierno.
La segunda, los 13 millones restantes, sería para las obras consideradas financieramente sostenibles; es decir, sólo se puede optar a una serie de proyectos que no generan gasto de mantenimiento y que se financian con los remanentes de los presupuestos.
La puesta en marcha de la primera tanda de obras, las del temporal, no presenta problemas. Hay un decreto que las regula y se pueden destinar a Carreteras, Ciclo Hídrico, Cooperación (Urbanización de vías públicas, Alcantarillado, Cementerio; Parques y jardines y rehabilitación, Rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles afectos al servicio público que no requieran autorización de otros organismos para la ejecución de las obras, corriendo la contratación en todos los casos a cargos de los ayuntamientos) y Medio Ambiente (Alumbrado público, Áreas recreativas y Restauración forestal).
En este caso, quedan excluidas las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años así como las relativas a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos. También las obras de reparación simple, conservación, mantenimiento y demolición. La cuantía de la ayuda podrá ser del 100% del total de la inversión. Las inversiones podrán contar con cofinanciación de otras administraciones públicas siempre que no superen el 100% del coste de la inversión, en cuyo caso procederá la devolución de los fondos provinciales. En caso de que se pretenda cofinanciar la obra, su ejecución correrá a cargo de los ayuntamientos interesados. Esta convocatoria de ayudas, que se estudiará con todos los grupos de la corporación, podría aprobarse en el pleno ordinario del mes de mayo, según informan desde la Diputación de Alicante .
Para la segunda tanda de obras, las puramente sostenibles, lo que va a hacer el PP este miércoles es plantear a la oposición el apoyo a que se puedan ir tramitando las peticiones de los ayuntamientos mediante ayudas nominativas y una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, se activarían la inversiones con el remanente del ejercicio anterior. Desde el PP advierten de que si no hay acuerdo entre todas las formaciones políticas no se pondrán en marcha esta segunda parte del plan. Esperarían a que se aprueben las cuentas del Estado y entonces se activaría toda la maquinaría administrativa para la recepción de proyecto con el consiguiente retraso.
El grupo Compromís en la Diputación de Alicante ha denunciado, por su parte, que el presidente César Sánchez no hizo bien sus cálculos cuando prometió financiar este año varios planes de inversión por los pueblos que podrían quedar-se en un truco fallado de magia. Desde el mes de diciembre César Sánchez ha anunciado tres grandes planes que juntos sumarían una cifra cercana a los 50 millones de euros sólo para contrarrestar los anuncios del Gobierno valenciano, pero que ahora parece muy difícil de llevar a cabo.
Se trata del plan para compensar los 13,7 millones de euros del Fondo de Cooperación de la Generalitat que la Diputación anunció como un plan propio futurible; el plan contra los efectos de las lluvias de 14 millones de euros pregonado a los cuatro vientos; y el plan de inversión sostenible llevado a cabo ya el año pasado, que en 2016 sumó una cifra superior a los 20 millones de euros, y que César Sánchez se comprometió a estudiar implementar vía Pla Objetiva el último mes de diciembre.
