ALICANTE. El pleno telemático de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles, con el respaldo de los grupos Popular y Ciudadanos, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas que permitirá reducirlo en más de un 50%, pasando del 20,5% al 10%.
El diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, ha explicado que esta medida impulsada por el equipo de Gobierno, de la que se beneficiarán más de 8.500 empresas de la provincia, “busca paliar, en la medida de lo posible, y como una acción más, los efectos económicos perniciosos de la Covid-19”. La rebaja, que tendrá efectos jurídicos desde el 1 de enero de 2021 y se mantendrá vigente hasta su cambio o derogación expresa, reducirá por este concepto los ingresos de la Diputación de 6,5 a 3,3 millones de euros.
Sin embargo, la iniciativa solo ha tenido el respaldo de Ciudadanos. Tanto PSPV como Compromís han sido muy críticos con la medida; en primer lugar, por los beneficiados, muy pocas empresas, según ellos, y por las formas. En éste punto ha sido muy critico el PSPV, que ha cuestionado que el cambio de la ordenanza se pueda hacer con el ejercicio fiscal en marcha, sin posibilidad de que se exponga al público y se presenten alegaciones, y sin pasar previamente por la comisión de Hacienda.
Fullana, de Compromís, ha criticado que la medida solo afecte al 3% de las empresas de la provincia de Alicante y solo a las más grandes, a las que más recursos tienen. Por ello, considera que sería más positivo destinar esos 3,2 millones que la institución dejará de ingresas al 97% de las empresas, que, a su juicio, son las que más empleo crean. "No se puede decir que no se entrar en el Fondo de Cooperación por falta de fondos en el presupuesto y se deja de ingresar esta cantidad; ahora podría haber más empresas con adjudicaciones de la Diputación y creando empleo", ha censurado.
Por su parte, la socialista Patricia Macià, ha expuesto que no entiende como Suma desaconseja los cambios de las ordenanzas fiscales a mitad de ejercicio y ahora la Diputación aprueba este cambio, y además, con carácter retroactivo. ¿Por qué si puede hacerlo la Diputación y no los ayuntamientos", se pregunta Macià. La edil ilicitana también ha criticado que la reducción fiscal se acordara ahora, en febrero, cuando se anunció hace varios meses atrás. "Ha tenido 10 meses para hacerlo y ponerla en vigor el 1 de enero, y no lo han hecho", ha criticado.