La dictamen sobre la Dana: malestar con la CHS, prevención y más recursos económicos y materiales  

VALÈNCIA.  (EFE/EP).- La comisión especial de estudio sobre las medidas de prevención de los riesgos de inundaciones de la Vega Baja en Les Corts Valencianes ha aprobado este lunes, tras más de un año de trabajo, un dictamen conjunto del PSPV, Compromís, Unides Podem, Cs y del PP, que está previsto presentar los días 16 y 17 de junio en sesión plenaria.

El dictamen incluye propuestas como corredores verdes inundables, carreteras permeabilizadas para que no actúen como barreras y más "disciplina urbanística" y sensibilidad de la población y las administraciones ante los efectos del cambio climático.

El dictamen inicial partía de la propuesta de los grupos parlamentarios del Botànic, a la que se había sumado Ciudadanos, pero finalmente -tras más de tres horas de debate- recoge también la del PP, mientras que Vox, que había presentado un texto alternativo que ha sido rechazado, se ha opuesto al acuerdo al considerarlo "propagandístico".


El PP pedía que el texto final resolviera algunas deficiencias e incluyera el trasvase Tajo-Segura cuando habla de reducir la vulnerabilidad económica y social de la Vega Baja. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Quiles, ha explicado su adhesión al dictamen conjunto porque a su juicio "la única manera de sacar las medidas necesarias adelante es a través del consenso" y ha resaltado que la apuesta de su grupo es por "el trabajo y la política útiles".

La comisión ha acordado además que sea la presidenta de la comisión, Aitana Mas, de Compromís, quien defienda el dictamen en el pleno de Les Corts, que está previsto presentar a la Mesa de Síndics el día 8 de junio para su debate en la sesión de los días 16 y 17 del mismo mes.

El pleno de Les Corts aprobó, el 23 de octubre de 2019, la creación de esta comisión especial tras el episodio de inundaciones por la DANA que afectó sobre todo a los municipios de la Vega Baja, con el objetivo de establecer posibles actuaciones para reducir la vulnerabilidad de este territorio ante futuros fenómenos similares.

Para el desarrollo del plan de trabajo, la comisión preveía la realización de 99 comparecencias entre expertos, representantes de los ayuntamientos afectados, cargos públicos y técnicos de la Generalitat, portavoces de comunidades de regantes, sindicatos y plataformas ciudadanas de esta comarca alicantina, de las que solo 85 de ellas se materializaron.

El dictamen deja constancia del malestar de todos los miembros de la comisión por el hecho de que 9 comparecencias de cargos públicos y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, declinaran participar en la comisión por considerar que Les Corts Valencianes se extralimitaban en sus competencias.

El documento detalla los efectos "catastróficos" que supuso el episodio meteorológico de la DANA en la Comunitat Valenciana, con precipitaciones "históricas" que inundaron la Vega Baja, y cantidades que llegaron a superar los 500 litros por metros cuadrado en Orihuela y los 300 litros por metro cuadrado en otras localidades del norte de Alicante, la Vega Baja y la Vall d'Albaida.

Recoge asimismo los informes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); los factores que intervienen en el nivel de gravedad de las inundaciones den la Vega Baja; los criterios generales para la reconstrucción "post-Dana" y la prevención de inundaciones futuras, así como propuestas de actuación en infraestructuras y de ordenación del territorio, planes de gestión de emergencias por inundación y ayudas.

Concluye la comisión que uno de los aspectos que ha puesto de manifiesto la DANA de 2019 es la necesidad de "reforzar las capacidades materiales y humanas de las administraciones públicas" ante estas situaciones.

Lamenta "la deuda histórica y la infrafinanciación autonómica y municipal que sufre la Comunitat Valenciana, así como la imposición de reglas de gasto, de límites a la inversión de superávits presupuestarios y de tasas de reposición de funcionariado" como los "grandes obstáculos" que han de ser eliminados para garantizar el bienestar de las persona y la conservación del territorio de la Vega Baja.

Asimismo, la comisión insta a todas las administraciones públicas a aprovechar la oportunidad de financiación que suponen los fondos europeos de reconstrucción postcovid para llevar a cabo las actuaciones propuestas, algunas complementarias o sinérgicas con el Plan Vega Renhace. 

Una de las consecuencias es la asimilación por gran parte de la población y de responsables políticos y técnicos de una sensación de "falsa seguridad" frente a los desbordamientos, lo que ha propiciado la construcción en zonas totalmente inundables. También señala que la CHS se ha mostrado "incapaz de evitar estas ocupaciones del dominio público hidráulico".

31.000 construcciones sin ordenación

En clave urbanística, la comisión relaciona la "ocupación desordenada" en la comarca con la normativa anterior a 2003, cuando se aprobó el plan territorial de prevención del riesgo de inundaciones (PATRICOVA) revisado en 2015 con la inclusión de las zonas peligrosas.

Según los datos de Urbanismo de la Generalitat, más de 31.000 construcciones están fuera de ordenación en la Vega Baja y 2.647 hectáreas tienen algún riesgo de inundación (1.693 en riesgo medio o superior).

Ante estas cifras, reprocha la falta de "disciplina urbanística" y defiende los instrumentos de ordenación supramunicipal para que este ámbito no esté tan sujeto a "decisiones políticas y a una fuerte presión de intereses económicos". También propone estudiar la reubicación de edificios de servicios públicos a zonas menos vulnerables.

Solidaridad territorial

En general, la comisión llama a abordar la reconstrucción de la Vega Baja desde un enfoque multidisciplinar, teniendo presente el cambio climático y la "solidaridad territorial" para minimizar riesgos, como una "oportunidad" para corregir la exposición de personas, infraestructuras y edificaciones. Aboga así por combinar actuaciones tradicionales de 'infraestructura gris' con otras de renaturalización, concienciación y política urbanística.

Como principal actuación, por parte de la CHS, la ampliación de la superficie del cauce y la creación de corredores 'verdes' de inundación controlada porque "no se puede entender que la renaturalización del río se plantee como medida eficaz solo en la cuenca alta y media". También propone reforzar las motas para evitar roturas, estudiar la derivación de caudales a embalses de La Pedrera y Crevillent y acabar de reparar los caminos rurales.

En la misma línea, plantea la posibilidad de que la CHS y el Ministerio para la Transición Ecológica aborden la posibilidad de permeabilizar las dos desembocaduras a través de compuertas u otros mecanismos para evitar la intrusión de agua marina en temporales, ante la previsible subida del nivel del mar. Y que el Ministerio de Transporte permeabilice la N-332 y otras carreteras y vías para evitar el efecto barrera.

Otras de las propuestas son que la CHS refuerce su personal, actúe en los regadíos que no respetan los cauces y aborde medidas estructurales como la posible configuración de 'pueblos isla' en las zonas mas deprimidas. El trasvase Tajo-Segura se menciona en uno de los puntos finales, el de la reducción de la vulnerabilidad, defendiendo su permanencia para los regadíos dependientes.

En materia de concienciación, apuesta por poner en valor el regadío histórico y por coordinar una formación permanente a los ayuntamientos para combatir emergencias. También que la población acceda a canales seguros para evitar "informaciones falsas o malintencionadas".

De cara al futuro, la comisión pide que las ayudas se concedan en el menor tiempo y que las administraciones aprovechen la "oportunidad" de los fondos europeos de reconstrucción para llevar a cabo estas actuaciones. El dictamen se remite tanto a la Generalitat como a la CHS y al Gobierno, a los ayuntamientos afectados, a la Diputación de Alicante y a la Región de Murcia.

Un informe contundente

Entre los partidos, Compromís cree que es un informe "contundente y sin sectarismos" que debe hacer reflexionar a todas las administraciones y del que "no podrá renegar ningún partido". "El río Segura un día u otro volverá a desbordarse, la cuestión es que ahora existe también un documento que pone negro sobre blanco los pasos a dar", ha aseverado su portavoz adjunta Aitana Mas, también presidenta de la comisión.

También Ciudadanos destaca el consenso alcanzado y algunas de sus peticiones incluidas, como un plan comarcal contra inundaciones, mejoras de comunicación, seguimiento desde Les Corts o "dejar constancia que es un dictamen cojo" porque no se ha sumado la CHS, en palabras de María Quiles.

El PP celebra que sus reclamaciones hayan salido adelante porque veía "increíble" que no se citara al Tajo-Segura y había detectado "muchas deficiencias" en el texto. "Estamos orgullosos de que nuestro voto particular haya conseguido que el dictamen tenga más objetividad y contemple la defensa de los intereses de la Vega Baja", ha manifestado Elisa Díaz.

Por contra, Vox es el único que ha votado 'no' porque entiende que la comisión fue una "propaganda política" innecesaria y que el Botànic ya podría haber adoptado estas medidas, como ha criticado su diputado Miguel Pascual.