La defensa de Navarro renuncia a que Conrado Hernández declare como testigo en el último minuto

BENIDORM. El juzgado de instrucción número 2 de Benidorm acogió este martes un nuevo capítulo de la investigación sobre los supuestos contratos irregulares de la época del socialista Agustín Navarro. En este caso, estaba citado en primer lugar el coordinador de Personal, Daniel Caneiro, en calidad de investigado -antes imputado- por un presunto delito de prevaricación administrativa. Tras él, entró a petición de la defensa de Navarro, la ex edil socialista, Mariola Fluviá, como testigo. 

renuncian a su testimonio porque había sido suficiente con el de Fluviá, según fuentes cercanas al caso

A continuación, estaba citado también como testigo el actual edil del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm, Conrado Hernández. Pero el abogado del ex alcalde, Luis Bajo, renunció a su testimonio porque creían que había sido suficiente con el de Fluviá, según fuentes cercanas al caso. Una decisión que pilló de sorpresa a la ex edil, tal y como manifestaron estas mismas fuentes. 

Ambos habían sido reclamados para que aclararan ante el juez cómo funcionaban las Juntas de Gobierno, en las que participan todos los concejales del equipo de gobierno. En este sentido, Fluviá habría reconocido ante el juez que muchas de las contrataciones que son objeto de investigación, se habrían decidido en estas convocatorias.

Por su parte, el coordinador de Personal, no quiso hacer declaraciones a este diario a la salida de su comparecencia ante el magistrado "por consejo de su abogado". Caneiro está representado por Sebastian Crespo, letrado de Devesa & Calvo. Éste también trabaja en otros casos de calado, como el de la defensa de Isaac Vidal en el caso Gürtel por la pieza valenciana de Fitur, que actualmente está en fase de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Caneiro habría declarado que era un mero transmisor de lo que le pedían los cargos que estaban por encima de él

No obstante, lo que sí que ha trascendido según fuentes cercanas a la investigación, es que Caneiro habría declarado que era un mero transmisor de lo que se le pedía por parte de cargos que estaban por encima de él. Tanto es así, que dijo no haber realizado ningún tipo de informe para las contrataciones ahora bajo lupa.

Cabe recordar que el caso parte de una denuncia del Sindicato Profesional de Policía local y Bomberos (SPPLB), algunos de ellos presentes en los juzgados este martes para seguir este caso de cerca. Éstos pusieron sobre aviso la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían sido para personas con vínculos políticos o familiares con el PSOE de Benidorm. Asimismo, también investigan la concesión de pluses, complementos de productividad y ascensos de algunos funcionarios afines entre 2009 y 2012, supuestamente, por encima de lo que marcaba la Ley de Presupuestos Generales de 2010. 

Caneiro ha sido el último en imputarle por este caso, antes estaban Agustín Navarro, el exconcejal de Personal, Juan Ramón Martínez, y la exjefa de Personal, Carmen Navarro. Entre otras cosas, en el auto por el que el juez declaraba la imputación de los tres se citaba, con respecto a la aprobación de la RPT de aquel año, que había un informe negativo de Intervención relativo a subidas salariales que, según la denuncia, «fue ocultado».

Finalmente, se calculó que todo aquello supuso un desfase presupuestario de 4,5 millones de euros en el capítulo de Personal y contó con los reparos del departamento de Intervención, que fueron levantados por el entonces alcalde.