ALICANTE. La Audiencia de Alicante reanuda este miércoles, 23 de septiembre, el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en beneficio del constructor Enrique Ortiz, con las declaraciones de los nueve acusados.
El proceso, que deriva de las investigaciones del caso Brugal iniciado a cuenta de la supuesta adjudicación irregular del contrato de la basura de Orihuela, se sigue contra los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, además de contra el propio Ortiz, como principales acusados.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los dos expolíticos del PP facilitaron al promotor información sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción, entre los años 2008 y 2010, cuando su diseño todavía no era público, a cambio de supuestas prebendas. Entre ellas, diversas entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y varios viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, según el sumario.
Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Alperi tras acusarles a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. En lo que respecta a Ortiz, pide 8años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho.
Tras las sesiones iniciales celebradas entre los meses de junio y julio, en la que se plantearon las cuestiones previas, el tribunal de la Sección Tercera prevé tomar declaración este miércoles a Ortiz, Díaz Alperi y Castedo, aunque el orden de sus comparecencias puede quedar modificado a propuesta de la acusación pública.
De hecho, el tribunal ya ha desestimado la petición cursada por la defensa de Díaz Alperi con la intención de que pudiese declarar el último, en base a ese principio de prevalencia del orden fijado en el escrito de acusación. Así, salvo modificación posterior, las declaraciones del resto de los procesados están previstas para las sesiones sucesivas, el jueves 24 de septiembre y el 2 de octubre.
Almargen de Ortiz, Díaz Alperi y Castedo, la causa se sigue contra los abogados socios del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); contra el promotor ilicitano Ramón Salvador y contra tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz en el momento de los hechos: Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz (hermano del constructor).
El turno de los testigos, por su parte, comenzará a partir del 5 de octubre, cuando está prevista la declaración de los arquitectos urbanistas que participaron en la redacción del PGOU en sus distintas fases, Luis Cantallops y Jesús Quesada. En esa fecha, también se prevé que declaren varios técnicos de la Concejalía de Urbanismo.
El proceso sigue pendiente de que se resuelvan las peticiones de nulidad de las escuchas telefónicas en los que se sustentó parte de la investigación del 'caso Brugal', iniciado a partir de las sospechas de amaño de la adjudicación de la contrata de recogida de la basura del municipio de Orihuela.
Las solicitudes de nulidad de los audios fueron planteadas por todas las defensas en las dos primeras sesiones del juicio, justo un mes después de que la Sección Séptima de la Audiencia anulase esas grabaciones que dieron origen a toda la investigación del 'caso Brugal' y absolviese a los 34 acusados de la rama de las basuras de Orihuela.
En un auto fechado a finales de julio, el tribunal de la Sección Tercera demoró la respuesta a esas solicitudes de nulidad hasta el momento de la sentencia. En esa misma resolución, sí respondía sobre las nuevas pruebas planteadas por las partes. Entre ellas, las tres magistradas que lo componen aceptaron los informes periciales aportados por las defensas en los que se ponía en duda la integridad de las conversaciones grabadas por la Policía.
