La corrupción preocupa solo a veces

Hace dos años, en el Congreso de los Diputados, el Presidente Sánchez en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy explicaba que “la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado”.

Los costes económicos de la corrupción se cifran en un 15% del Producto Interior Bruto además de otros daños colaterales que afectan al rendimiento de las instituciones y la calidad democrática.

Transparencia y corrupción suelen ir de la mano ya que la primera es el mejor modo de prevenir la segunda. Se ha señalado por la doctrina como causas principales que favorecen la corrupción; la libre designación de funcionarios por políticos, la descentralización política y administrativa y la partitocracia. Precisamente hace unos días Joan Llinares, el director de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana afirmaba que se necesita un agente nacional para coordinar información más allá del ámbito autonómico. Además, es necesaria la coordinación interterritorial para aquellos asuntos que trascienden de las propias comunidades autónomas, así como para el intercambio de información.

Pues bien, esta semana en el Congreso, los grupos políticos PSOE/ PODEMOS y nacionalistas se han negado a respaldar una proposición de ley contra la corrupción. La iniciativa partía de Ciudadanos que presentó un paquete de acciones eficaces para luchar contra la corrupción. Las medidas propuestas recogen algunas de las que en su día Transparencia Internacional propuso a los partidos políticos en las elecciones nacionales de 2015. Fruto de una comisión de personas expertas con distintos perfiles, en la que tuve ocasión de participar, se acordó un documento con un paquete de cuarenta medidas. Entre estas medidas, destacan la prohibición de nombramientos de políticos para órganos de control, exigencia de un perfil profesional adecuado a los puestos, supresión de libre designación para los funcionarios de habilitación nacional, despolitizar la elección del Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, proteger a los denunciantes por corrupción, prohibición de indultar a políticos condenados por casos de corrupción y la introducción de nuevas figuras delictivas como el enriquecimiento ilícito.

Con la llegada de nuevos partidos políticos a las instituciones parecía que se adoptarían algunas medidas que fueran a poner límites a las prácticas corruptas y que favorecieran una cultura de la transparencia y buen gobierno. Sin embargo, no ha sido así en todos los casos. Mientras en la Comunidad Valenciana, una de las primeras medidas adoptadas por el Botànic I fue la creación de una Conselleria de Transparencia, la aprobación de la ley de transparencia y la creación de una Agencia Antifraude, en el Congreso no se ha seguido idénticas soluciones. 

Así, en marzo de 2018 se aprobó el Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Existía muchas expectativas sobre esta reforma del régimen jurídico de los funcionarios con habilitación nacional debido a los múltiples casos de corrupción que se han dado en el ámbito local y la función de control de legalidad tan relevante que dichos empleados públicos realizan en los ayuntamientos. Sin embargo, la reforma de la regulación jurídica de estos funcionarios resultó incompleta por cuanto el legislador no aprovechó la misma para suprimir la libre designación de estos empleados públicos. También en esta ocasión PSOE y PODEMOS se opusieron a suprimirla. De ahí, que se pueda pensar que la voluntad regeneradora de algunos partidos políticos no es tan elevada como se exhibe públicamente. Parece que la corrupción en este país importa o preocupa menos de lo que se dice.