LLÍBER. La coalición Compromís ha desvelado este miércoles que la constructora del plan urbanístico de Llíber ha citado al diputado Gerard Fullana a un acto de conciliación previa interporsición de una querella. Según la coalición, "a la constructora que pretende levantar 500 chalés en el paraje de la montaña no le han gustado los vídeos que Fullana elaboró para denunciar la situación y efectos derivados de esta operación urbanística". En el vídeo citado Fullana denuncia la destrucción de patrimonio natural a través de un PAI que según la coalición tendría importantes irregularidades y por este motivo se han interpuesto varias demandas tanto desde la coalición como desde ayuntamientos vecinos gobernados por la misma. "Me amenazan con acciones penales si no afirmo en mis redes socias que el PAI es totalmente legal, algo que no haremos ya que de hecho hemos presentado varias demandas denunciando irregularidades", destaca Fullana.
Además la constructora pide que el diputado retire sus críticas por el corte y la ubicación de seguridad privada en caminos tradicionales y de uso habitual de la ciudadanía por los que se ha accedido históricamente a la cima del paraje. También denuncia la constructora la comparación de sus acciones como actividades “propias de la mafia”, que el diputado hizo en relación a las presiones de la constructora a activistas o al propio diputado a través de diversas acciones en los últimos meses o por el modus operandi en la aprobación del Proyecto. “Pretenden dictarnos las opiniones que debemos escribir en las redes y decir a los medios de comunicación, algo absolutamente repudiable en el año 2024 en una democracia avanzada, no es un hecho aislado y forma parte de la mentalidad inherente al extrema derecha autoritaria de limitar la libertad y derechos de la ciudadanía para asegurar los negocios y privilegios que unos pocos hacen a costa de la mayoría”, ha destacado Fullana.
Según Compromís, las denuncias y campañas para presionar a activistas o políticos en contra del macropacio de Llíber llegan en un momento determinante a los juzgados. Tres salas del contencioso-administrativo de los juzgados de Alicante dirimen la paralización cautelar de todo el proyecto por irregularidades en las obras del alcantarillado, por irregularidades en la reparcelación y por el elemento más determinante de todos: la falta de concesión hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar para construir cerca de 500 casas en un proyecto que duplicará las necesidades de agua de Llíber y que de continuar así dejará sin recursos en el resto del Vall del Pop. El diputado Gerard Fullana es uno de los impulsores de las acciones judiciales que se dirimen en este momento en los juzgados.