La concesionaria del Palau, dispuesta a pedir indemnización al Ayuntamiento de Benidorm

BENIDORM. El pleno de Benidorm rechazó este viernes el recurso contra el acuerdo plenario por el que desahuciaba a la empresa concesionaria de la piscina y el gimnasio del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. La moción que contenía la desestimación del recurso fue elevada al pleno por la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, y contó con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos por Benidorm, Ciudadanos y Compromís; mientras que Liberales y el concejal no adscrito Leopoldo Bernabéu se abstuvieron.

Así, le dan a Levantina de Servicios Acuáticos ocho días para que desalojen las instalaciones, esto es, hasta el 26 de octubre. Como consecuencia, el abogado de la mercantil, Luis Bajo, explicó que su cliente ha solicitado que sigan batallando para quedarse con la gestión de estos servicios. Por ello, anunció a este diario que interpondrán un recurso ante la Jurisdicción Contencoiso-administrativa. 

De esta forma, la adjudicataria pide la suspensión de la orden de desahucio. Pero como prevén que la decisión del juez pueda llegar fuera de los ocho días que da el Ayuntamiento para desalojar las instalaciones, tramitarán también medidas cautelares para que no se les pueda echar hasta que no se pronuncie el juez.

Asimismo, Bajo explicó que tienen pedida una cita con el Ayuntamiento para comenzar el expediente de liquidación, del que decía no entender cómo no se ha comenzado aún ni han respondido para poner una fecha en la que reunirse con ellos. El abogado de la mercantil indicó que cuando se abra el expediente, exigirán que se tenga en cuenta las obras que han realizado en los últimos meses y les indemnicen por ello, ya que según el letrado, podría haberse beneficiado de éstas su cliente el resto de años que le quedaban de contrato (hasta 2024) y al final puede que le dé uso un tercero. Por otro lado, cabe remarcar que si la empresa termina ganando y se queda con la gestión de los servicios, el Ayuntamiento se tendrá que hacer cargo de las costas del juicio.

En cualquier caso, el gobierno local tiene decidido desahuciar a la mercantil, e incluso el acuerdo contempla el uso de los cuerpos de seguridad para desalojarles.

Cabe recordar que el Ayuntamiento comenzó los trámites para quitarle la gestión a esta mercantil después de que según ellos comprobaran que no estaban cumpliendo con los pliegos del contrato. Supuestamente no habían pagado el canon establecido, había un inexistente mantenimiento de las instalaciones así como obras e instalación de maquinaria que no se hicieron dentro del plazo. No obstante, un informe encargado por una empresa externa afirmaba todo lo contrario, tal y como avanzó este diario este jueves. El mismo apuntaba a la inseguridad jurídica levantada por el Ayuntamiento como motivo para no ejecutar todas las obras.

Dudas sobre la continuidad del servicio

La posible indemnización a la empresa planeó sobre el pleno desde la intervención de la oposición. La más recurrente fue la líder de Liberales, Gema Amor, o el portavoz de Ciudadanos (C's), Rafa Gasent, quien en su intervención dijo que ojalá "esto no suponga un coste para las arcas del Ayuntamiento". Sin embargo, la duda más extendida fue la de la continuidad del servicio. El socialista Rubén Martínez, pidió a la edil de Urbanismo que aclarara cuál iba a ser la forma de proceder por parte del Ayuntamiento una vez se ejecute el desahucio. Por su parte, el portavoz de Compromís enumeró las consecuencias de rescindir el contrato que recoge un informe municipal.

A todo ello, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, señaló que el plan pasa por entrar en las instalaciones del Palau una vez lo hayan desalojado para realizar un inventario y conocer en qué situación se encuentra. No obstante, aclaró que no sabe si el cierre de las instalaciones durará más de un día. Asimismo, apuntó que habrá cursos que se están ofertando en estos momentos que desaparecerán o se tendrán que dar de forma privada puesto que los monitores municipales no están preparados para realizar estas clases.

En cuanto a las consecuencias para los clientes, Caselles criticó que la empresa no haya facilitado datos referidos al número de usuarios ni cuántos de ellos hay en cada uno de los cursos, con los que se podrían hacer una idea de cuáles son las clases más demandadas así como los meses pagados por cada uno de ellos.