Imagen de archivo del primer día de terrazas abiertas en Orihuela tras el confinamiento. Foto: AP ORIHUELA. El pleno ordinario en el Ayuntamiento de Orihuela de diciembre se debatirá si prorrogar la medida ya adoptada en mayo en cuanto a suspender el pago de las tasas de las mesas y sillas de los establecimientos de hostelería de la ciudad.
La concejalía de Hacienda, encabezada por Rafael Almagro, pondrá sobre la mesa, virtual, del pleno esta propuesta con la que contribuir a minimizar las consecuencias que las medidas para frenar la expansión de la covid-19 están dejando en el sector de la hostelería. En un pleno extraordinario celebrado el 19 de mayo, se aprobó de forma inicial la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública por mesas y sillas.
Esta modificación se aprobó "con motivo de los perjuicios económicos producidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria". Aunque la aprobación formal y definitiva, tras el trámite de exposición pública, se produjo en septiembre. No obstante, tal y como recoge la disposición, esta medida se aplicaría desde la aprobación en pleno hasta el 31 de diciembre de 2020. Según los cálculos de la concejalía de Hacienda, con esta medida y durante este periodo se han dejado de ingresar unos 80.000 euros.
La propuesta que llevará Almagro al próximo pleno solicitará la prórroga de esta medida para todo 2021. Las medidas para combatir la propagación del virus cambian en periodos de tiempo muy cortos. Este escenario impide prever cuales serán las normas en el sector de la hostelería, como en cualquier otro, e incluso en las relaciones sociales, a corto plazo. A unas semanas de la navidad no hay establecido ningún protocolo a nivel nacional ni autonómico. Ante esta tesitura es difícil determinar qué medidas y durante cuánto tiempo deberá acatar el sector hostelero. No obstante, desde la concejalía de Hacienda han zanjado futuribles y propondrá que esta medida se aplique para todo el año. De ser aprobada, las arcas municipales dejarían de recaudar unos 110.000 euros, según los números aproximados que maneja la concejalía.
No es la única medida propuesta para minorar las consecuencias de la covid en la hostelería. En el pleno correspondiente a agosto, celebrado la primera semana de septiembre, el pleno aprobó con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, una moción en la que se instaba a la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública a que modificara la ordenanza para que pubs y locales de ocio contaran con licencia de cafetería. PSOE y Cambiemos votaron en contra y abstención, respectivamente, alegando que este trámite es de competencia municipal. Esta medida, adoptada recientemente por el Ayuntamiento de Torrevieja, supondría que de forma individual, el titular del local interesado tendría que presentar una declaración responsable, la ubicación física, la actividad a desarrollar y bajo su exclusiva responsabilidad de que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos, según recoge la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Si no se acometieran obras, bastaría con incluir un certificado expedido por una entidad que cuente con la calificación de Organismo de Certificación Administrativa (OCA).
El Ayuntamiento de Torrevieja habilitó a principio de noviembre esta opción a propietarios de pubs, bares de copas y discotecas. De esta manera, los titulares de estos establecimientos cuentan con la opción de abrir sus puertas como cafeterías. Para ello deben atender a los parámetros y medidas correspondientes recogidos en la legislación para ofrecer al público bebidas y comidas. En el pleno ordinario celebrado la semana pasada se aprobó la suspensión de las ordenanzas fiscales de ocupación de vía pública con mesas y sillas, toldos, paravientos, marquesinas, artículos de comercio y otros elementos y la ordenanza de puestos, barracas, casetas de venta, kioscos, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público. Esta medida se aprobó con carácter sine die, sin un plazo fijado que la limite. Quedará suspendida "mientras se mantenga los efectos económicos adversos". El alcalde, Eduardo Dolón, además avanzaba que durante 2021 se establecerá una nueva ordenanza, la cual se mantendrá hasta final de ese año "siempre y cuando la situación derivada por la pandemia así lo permita".
