VALÈNCIA (EP). El consejo de ministros ha aprobado dos reales decretos por los que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para sendas líneas de inversiones destinadas a la transformación ambiental y digital del sector agrícola y ganadero que suman un total de 345 millones de euros entre los años 2021 y 2023. Para este 2021, la Comunitat Valenciana percibirá 8.800.218,07 euros.
Estas subvenciones financiarán actuaciones contempladas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por lo que serán financiadas con fondos del instrumento europeo de recuperación Next Generation EU.
Con la aprobación de estos reales decretos se cumplen con los plazos previstos para implementar en el sector agrícola y ganadero la aplicación de los fondos financiados por la Unión Europea para la modernización del sector agrario. En el diseño de las actuaciones han sido, desde su inicio, partícipes, tanto las comunidades autónomas como el propio sector, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Con esta base jurídica, se contempla, además, la distribución del presupuesto que se destinará a cada una de estas medidas entre las comunidades autónomas que, a su vez, serán las competentes para convocar estas ayudas una vez aprobados estos dos reales decretos con las bases reguladoras y concederlas a los destinarios últimos.
Para ello, se transferirá a las comunidades autónomas las cantidades correspondientes. Así, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el pasado 21 de octubre se acordó la distribución de la primera anualidad, para el ejercicio de 2021, dotada con un total de 115,35 millones de euros. Previamente, el Consejo de Ministros autorizó la territorialización de estos fondos en su sesión del 19 de octubre.
El departamento de Agricultura destaca que la movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad "extraordinaria" para el sector agrícola y ganadero, que permitirá no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización del sector primario, con el objetivo de que dicha recuperación sea verde, digital, inclusiva y social.
Una de las dos líneas de ayudas aprobadas irán destinadas a subvencionar inversiones en materia de bioseguridad en sanidad animal y vegetal con un presupuesto total para las tres anualidades de 38 millones de euros, de los que 12,6 millones de euros corresponden a 2021. En ese año, la Comunitat recibirá 2.202.504,07 euros.
En cuando a la segunda línea de ayudas aprobadas, en materia de sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, la asignación presupuestaria total para el conjunto de los tres años es de 307 millones de euros.
Este paquete de estímulos destinado a promover la inversión privada contribuirá a mejorar la resiliencia del sector y su competitividad, al tiempo que se favorece la consecución de los objetivos del clima, la conservación del medio ambiente y la descarbonización del sector agrícola y ganadero.
Serán subvencionables las actuaciones que se realicen y cumplan los requisitos establecidos hasta la finalización, el 31 de diciembre de 2023, de la vigencia de los programas.
Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, así como empresas de servicios agronómicos.
En la concesión de las ayudas se priorizarán, con carácter transversal, los planes de inversión conjuntos que integrarán un mínimo de cincos solicitudes de proyectos de inversión y las inversiones colectivas promovidas por parte de entidades asociativas y empresariales del ámbito agrario reconocidas. Además de aquellos solicitantes que tengan la condición de joven agricultor o pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria, y las explotaciones en titularidad compartida de acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre.
A estos criterios generales, se suman otros específicos en función de cada uno de los cuatro programas de apoyo que persiguen priorizar cuestiones como la concesión de ayudas a proyectos de inversión que propicien el uso en común redundando en un mayor impacto de las acciones o que favorezcan la sostenibilidad medioambiental e impulsen la competitividad del sector agrario.