Todos conocemos la fábula de la cigarra y la hormiga. Esta fábula nos cuenta como durante el buen tiempo la cigarra, en lugar de trabajar, disfrutaba cantando a la sombra de un árbol. Mientras tanto, la hormiga no hacía más que almacenar grano. Ahora bien, cuando llegó el mal tiempo, mientras la hormiga disponía de comida abundante, la cigarra pasaba hambre. La cigarra, desesperada se vio en la necesidad de pedir ayuda a la hormiga.
Si nos fijamos, esta fábula posee gran semejanza con lo que es la Unión Europea (UE). Una comunidad donde los países del Norte, que se consideran las hormigas, piensan que los países del Sur, son las cigarras. Sin embargo, los países de la EU se comprometieron, tal y como establece el artículo 3 del Tratado de la UE a “fomentar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros.”
Recordemos que la primera invocación a la solidaridad de la UE fue durante la crisis financiera de 2008. Debido a la debilidad de su sistema bancario, la burbuja inmobiliaria, y la elevada deuda y déficit público, esta recesión económica fue más dura para los países del Sur. Esta situación les llevó a apelar a la solidaridad de la UE, la cual, liderada por Alemania, creó Ad hoc el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), para prestar ayuda financiara a estos países.
Pero esta ayuda no fue ni totalmente solidaria ni altruista. Se antepuso el interés económico a mitigar las penurias que estaban sufriendo sus ciudadanos. Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y España tuvieron que ser rescatados recurriendo al MEDE, en el caso de España solo su sistema bancario. A cambio fueron objeto de la estricta supervisión de los hombres de negro, imponiéndoles una serie de ajustes que supusieron unos recortes que lastraron su recuperación económica y que recayeron en las clases sociales más vulnerables. Recurrir a esta financiación supuso su estigmatización, siendo calificados como el acrónimo peyorativo de pigs. Incluso el que fuera Presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsslbloem, llegó a afirmar, refiriéndose a los países del Sur “la solidaridad es extremadamente importante. Pero quién la exige, también tiene obligaciones. No puedo gastarme todo mi dinero en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda.”
Sin haberse recuperado de esta recesión, como si se tratara de un dejà vú, la crisis sanitaria del COVID-19 ha vuelto a cebarse con los países del Sur, fundamentalmente Italia y España, quienes están sufriendo el desgarrador fallecimiento de sus ciudadanos. Crisis humanitaria que conducirá a una recesión económica de consecuencias, previsiblemente, más graves que la de 2008. Según la Comisión Europea, Europa entrará en recesión económica este año, cayendo a un -1% el Producto Interior Bruto (PIB), aunque en 2021 volvería a crecer. España será uno de los países más damnificados. Si se cumplen los pronósticos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en 2020 el PIB podría descender hasta un 9%, el déficit se elevaría hasta el 11% y la deuda pública superaría el 115%. En la misma línea, Standard & Poor's (S&P) pronostica que el desempleo alcanzará el 14,7% en 2020 y el 15,6% en 2021.
De nuevo los países del Sur han vuelto a demandar la solidaridad de la UE. Pero ahora la situación es muy diferente. La solidaridad reclamada en la actualidad tiene tintes completamente diferentes a 2008. Esta petición está justificada y no debe ser objeto de excusa alguna por la UE. Así se establece en la cláusula de solidaridad del artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la UE, la cual establece “la posibilidad de que la Unión y los países de la Unión Europea actúen conjuntamente para prestar ayuda a otro país de la UE que sea víctima de una catástrofe natural o de origen humano.”
Tras casi un mes de negociaciones y de posiciones radicalmente opuestas entre los países del Sur y del Norte, el vienes día 10 se alcanzó un acuerdo de mínimos donde se movilizarán 540.000 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia. El Banco Europeo de Inversiones concederá hasta 200.000 millones para las empresas. El seguro de desempleo (Sure), será el instrumento creado para conceder préstamos hasta un importe de 100.000 millones para cubrir el coste de los ERTE. Y, finalmente, a través del polémico MEDE, los Estados miembros podrán acceder a 240.000 millones.
Polémico, porque ha sido el punto donde las posturas entre los países del Norte y del Sur eran radicalmente opuestas, siendo el principal motivo que obstaculizaba alcanzar un acuerdo. Los países del Norte, encabezados por Países Bajos y Alemania defendían utilizar el MEDE como instrumento de financiación, negándose a que los países del Sur accedieran sin condiciones. Por su parte, Italia y España no estaban dispuestos a utilizar el MEDE, ya que supondría ser rescatados, ser supervisados y tener que cumplir de nuevo una serie de ajustes macroeconómicos que supusieran la realización de recortes que lastraran la recuperación económica. Tanto Italia como España, tras defender el martes pasado la emisión de bonos donde todos los países de la UE participaran de la deuda, los denominados coronabonos, se levantaron de la mesa de negociación ante esta actitud insolidaria.
Este acuerdo tiene como objeto contrarrestar con inmediatez los efectos de la pandemia, dejando para el futuro la creación de un Fondo de Recuperación con el que reactivar la economía. “España clama por un nuevo Plan Marshall de los estados de la UE para acometer la recuperación.”, demandaba el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Haciéndose eco de esta demanda, el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig remitió cartas a los mandatarios de las 329 regiones europeas y al Presidente del Comité Europeo de las Regiones, para que apoyaran un plan para la reconstrucción socioeconómica tras el coronavirus “que movilice todos los recursos e instrumentos necesarios para garantizar la cohesión social y la cohesión territorial”.
El acuerdo ha dejado fuera los bonos, y ha suavizado la condicionalidad del MEDE. Los países podrán acceder hasta un máximo del 2% del PIB, con el compromiso de que los fondos se destinen a sufragar gastos relacionados con la pandemia y cumplir después con las normas fiscales comunes. A este respecto el controvertido Ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra, advirtió que si los fondos del MEDE no tiene el destino previsto, se considerará un rescate financiero que deberá acompañarse de ajustes y reformas. “Es una forma de asegurar que solidaridad y reciprocidad van de la mano”, afirmó. Resulta curioso que el Ministro hable de solidaridad cuando hace unos días dio a entender que Italia y España deberían ser investigados para ver por qué no contaban con recursos para hacer frente a la pandemia. Declaración que tuvo respuesta inmediata del Primer Ministro de Portugal, Antonio da Costa, quien calificó esta postura como “repugnante”.
Sin duda el acuerdo alcanzado, aunque no se puede calificar de solidario, es un respiro para España debido al escaso o nulo margen de maniobra que tiene para financiarse consecuencia de su elevada deuda pública. También es un alivio para la Comunidad Valenciana, ya que, según el Banco de España, en 2019 era la más endeudada, alcanzando el 42,1% de su PIB. También es justo decir que la peor financiada, 2.111 euros por habitante. Es la cantidad que recibió la Comunitat Valenciana por parte del Estado en 2019 Más teniendo en cuenta que será una de las regiones españolas que sufrirá en mayor medida la recesión económica. Advirtiendo que se trata de datos provisionales, según los datos de las Comunidades Autónomas, a 7 de abril, la Comunidad Valenciana es la cuarta en número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) y trabajadores afectados, alrededor, respectivamente, de 52.000 y 250.000. Según la Consellería de Economía Sostenible, a Alicante le corresponderían más de 21.000 ERTES que afectarían a casi 100.000 trabajadores, el 40% de la Comunidad. Los datos del desempleo registrado en marzo, como era de esperar, y aún queda lo peor, tampoco son alentadores. Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la Comunidad Valencia, con algo más 35.565 desempleados más, es la segunda en la que más empleo ha destruido. Por su parte, Alicante con 14.513 parados más, es la séptima provincia que más puestos de trabajo ha perdido. Y dado que el turismo es uno de los pilares económicos de Alicante, el sector servicios ha experimentado el mayor descenso, un 62%.
Aunque tenemos que reconocer que España y, como no, Alicante tienen más vocación de cigarra que de hormiga, trabajemos para que esta característica definitoria de nuestro carácter no se asocie con connotaciones negativas. Ahora bien, nunca debe ser excusa para la insolidaridad y la descalificación, más si cabe, en esta situación de cruel pandemia que estamos viviendo. Eso sí, este prejuicio hacia las cigarras no es inconveniente para venir a España a disfrutar de nuestro sol, de las playas, de la gastronomía, de la cultura y también hay que decirlo, de nuestra sanidad. Deseemos que estas diferencias entre Norte y Sur desaparezcan, no solo a nivel europeo ya que, parece también presente a nivel nacional, regional, provincial y municipal. Aunque es otro tema del cual se podría hablar largo y tendido.