ALICANTE. La Audiencia Nacional juzgará entre el 17 de enero y el 2 de marzo de 2017 a la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo Penal, ante la que también comparecerán como acusados el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el ex director general de Recursos Vicente Soriano, al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno, si bien no atribuye ningún cargo al expresidente de la caja.
Como cómplices de falsedad contable, el Ministerio Público pide un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.
En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.
La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros