Hotel de Arenales / FOTOS: PEPE OLIVARESELCHE. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por la contratista del Hotel de Arenales del Sol, Princesol y Regalado Arquitectos a finales de 2017. En él, la concesionaria del inmueble recurría contra el fallo de Costas que ordenó la demolición del inmueble al considerar ilegales las obras ya que aumentaron el volumen del mismo, y no sólo realizar obras de mejora y reparación, como estaba autorizado. En los primeros días de 2018, el Ayuntamiento rechazó presentarse al pleito. No obstante, respecto a esta desestimación, aún no es firme, pues Princesol tiene treinta días para presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo.
Hay que remontarse al pasado abril de 2014 para llegar a esta nueva situación, que sigue alargando una cuestión que lleva enquistada hace décadas. Entonces, Princesol presentó un proyecto para la rehabilitación que fue rechazado inicialmente. Posteriormente se aprobó y se autorizó en 2015. Pero comenzadas las obras, por motivos de denuncias presentadas por consumidores, usuarios y algún particular por el desarrollo de las obras, se realizaron varias inspecciones en abril y mayo de 2016 por el Servicio de Gestión y Dominio Hidráulico se comprobó que se había procedido a le demolición de diversas partes del edificio que no estaban contempladas en el proyecto autorizado.
La contratista tenía permiso para rehabilitar por tanto, pero no para demoler, ni para aumentar el volumen del inmueble como también hizo, reconstruyendo totalmente varias partes del edificio en ruinas, por lo que Costas consideró ilegales las obras y su demolición. La Audiencia Nacional entiende que se han vulnerado los términos de la autorización ya que se han hecho modificaciones sustanciales del proyecto autorizado. En definitiva, se procede a la desestimación del recurso, lo que supone que la contratista ha de pagar las costas del proceso. Así pues, habrá que esperar para ver si la firma interpone el recurso de casación ante el Tribunal Supremo para conocer el siguiente paso, si se puede presentar otro proyecto de rehabilitación o si el Supremo ordena la demolición del edificio, como falló Costas en 2017.
