La Audiencia imputa a un segundo acusado de las entregas de 'bocadillos' a Díaz Aperi

ALICANTE. La Audiencia de Alicante ha anulado un auto que exculpaba a otro sospechoso de colaborar en el presunto pago de sobornos del empresario Enrique Ortiz al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) para, según la investigación, favorecerle en el Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad.

En un auto notificado este a las partes, la sección segunda de la Audiencia considera "prematuro" declarar el sobreseimiento libre de la causa por prescripción para este investigado, Pablo Rico. La misma sala adoptó una decisión similar hace unos días con respecto a otro implicado, Santiago Bernáldez, que también habría participado en la entrega de dádivas al político, según la Fiscalía Anticorrupción.

El titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga la supuesta trama de corrupción vinculada al PGOU alicantino, acordó el archivo de las pesquisas para ambos investigados hace unos meses al entender que su delito había prescrito. El magistrado justificó su decisión en que debía aplicárseles una modalidad del delito de cohecho que prescribe a los cinco años.

No obstante, la Audiencia ha considerado "prematuro" este pronunciamiento en ambos casos y ha dictaminado que el juez debe finalizar antes la instrucción de la causa. "Una vez finalizada la instrucción de la causa, a la vista de los indicios concurrentes y de la posible calificación de los presuntos delitos perpetrados, será el momento para determinar si todos o parte de esos delitos se encuentran prescritos", señala el tribunal en el auto.

La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha revelado que tanto Rico como Bernáldez colaboraron, presuntamente, con Ortiz en el pago de distintas cantidades de dinero en efectivo a Díaz Alperi.

Uno de estos supuestos sobornos, a los que los sospechosos se referían como "bocatas" o "bocadillos", tal y como revelaron las escuchas telefónicas realizadas por los agentes, ascendió a 174.000 euros y fueron extraídos en efectivo en una sucursal bancaria el 25 de octubre de 2008.

 El dinero fue remitido desde la cuenta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras del hospital del Vinalopó, en la que participaba Ortiz, a otra mercantil, Asegur Ingeniería del Fuego SL, por un trabajo que los investigadores consideran "falso". Esos 174.000 euros fueron retirados posteriormente en efectivo por uno de los administradores de Asegur, Pablo Rico, hechos en los que también habría participado supuestamente un hermano de Ortiz, Virgilio, que es a su vez directivo de algunas de sus empresas.

Según la UDEF, los 174.000 euros sirvieron para saldar las hipotecas de viviendas adquiridas por hijos de Díaz Alperi, entre ellos la actual diputada autonómica por el PP Elisa Díaz. En la investigación sobre el PGOU de Alicante, una de las veinte causas en las que se desgajó el 'caso Brugal', están investigados tanto Ortiz como Díaz Alperi y su sucesora en la alcaldía de Alicante, Sonia Castedo, también del PP, entre otras personas.