Juzgan al exinterventor de Monóvar por exigir un soborno a un empresario

MONÓVAR, (EFE). Un extinterventor del Ayuntamiento de Monóvar (Alicante), José O.G., será juzgado a partir del próximo lunes por el sistema de jurado popular por exigir presuntamente un soborno a un empresario a cambio de la adjudicación de un contrato, según fuentes judiciales.

La fiscalía acusa a este funcionario de un delito de cohecho y solicita provisionalmente para él tres años de prisión y cinco de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, así como una multa de 5.400 euros.

Los hechos se remontan a finales de 2010, cuando el consistorio comunicó a Sapesa, SL -adjudicataria desde 2008 del contrato de mantenimiento de plazas, parques y jardines- que la concesión iba a finalizar, aunque podía prorrogarse. La mercantil aceptó dicha prórroga y firmó el nuevo contrato el 9 de febrero de 2011, para prestar el servicio otro año.

El 14 de noviembre de ese mismo ejercicio, la corporación municipal volvió a informar por escrito a Sapesa, SL del nuevo vencimiento de la adjudicación, aunque en esta ocasión, en contra de lo habitual, ya no aludía a la posibilidad de prórroga.

Según la versión de la fiscalía, esa omisión obedecía a "las razones y maniobras" del procesado, que en ésa época ejercía las funciones de interventor accidental en el consistorio. Con la excusa del control de pagos, José O.G. había citado en varias ocasiones en su despacho municipal al administrador de la empresa.

"En estas reuniones, el hoy acusado hace depender la continuación del contrato y la futura prórroga a la entrega de la mercantil de determinadas cantidades de dinero";, relata la acusación pública. Inicialmente, siempre según la versión acusatoria, exigió 60.000 euros, pero en fechas posteriores rebajó la cantidad a 25.000, aunque el empresario no accedió y el ayuntamiento no le renovó la concesión.

El juicio por estos hechos fue suspendido hace unos meses por el fallecimiento de un abogado, según fuentes de la Audiencia de Alicante.

El acusado fue destituido por decreto de la alcaldía como interventor accidental en junio de 2014, aunque sigue siendo funcionario municipal y está destinado en otro departamento, según fuentes municipales.