Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, objetivo: ser reconocido al igual que el Tribunal de Aguas

ORIHUELA. La Asociación de Juristas Valencianos busca que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela tenga el mismo reconocimiento jurídico que el Tribunal de Aguas de València: que sea considerado como tribunal tradicional y consuetudinario y que, por tanto, pueda adquirir la condición de órgano jurisdiccional y que se equipare así a otros tribunales ya reconocidos. 

La demanda no es nueva, puesto que ya hace cinco años hubo movimiento por parte de esta asociación de abogados y otros profesionales de la Justicia para lograr este objetivo. Así, consiguieron que, primero el pleno de la Diputación, en 2013, aprobara su propuesta con acuerdo de los grupos popular y socialista y que, luego por unanimidad, en 2014, el pleno de Les Corts admitiera su propuesta y decidiera elevarla hasta el Congreso de los Diputados. Allí se debería plantear un Proyecto de Ley de modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial.

No obstante, el proceso desde entonces espera en el limbo legal  bloqueado, quizá por falta de voluntad política o quizá por algún otro motivo que, desde la Asociación de Juristas Valencianos dicen desconocer y querer reactivar para que culmine en la figura legal deseada. 

Este plan es de relevancia local y también cultural para toda la Comunidad Valenciana. Pero, además, tiene un interés jurídico de primer orden. Esto es, el deslinde entre la potestad administrativa y jurisdiccional. 

Para ello, planean, a partir de septiembre, una serie de acciones aún por concretar y determinar pero que pasarán, seguramente, según aporta José Bonet, catedrático de Derecho Procesal de la UVEG, y uno de los impulsores de la iniciativa por iniciar contactos con Ayuntamientos para buscar apoyos y declaraciones institucionales o mociones que vayan en camino de reforzar el apoyo a su propuesta. Además, trabajarán con el Colegio de Abogados de Orihuela para tratar de que prospere. 

Las bases que estos juristas manejan y por la que consideran que su idea ha lugar y debería salir adelante legalmente es que, según el artículo 125 de la Constitución, los ciudadanos podrán participar en la administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Así, consideran que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela cumple con este requisito y que ya tienen antecedentes legales en los que mirarse. Precisamente el artículo 125 de la Carta Magna, fue el que permitió reconocer al Consejo de Hombres Buenos de Murcia en el año 1999. Desde este modo, consideran que su constitución unipersonal no debería ser impedimento legal. 

Para los impulsores de la propuesta, el reconocimiento del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como tribunal tradicional y consuetudinario debería ser "motivo de orgullo para los alicantinos y también para los valencianos, porque este tipo de tribunales favorecen la participación ciudadana y constituyen verdaderos tesoros repletos de patrimonio histórico, como depositarios ancestrales de una identidad local y regional relevantes para la cultura, las costumbre y la cohesión social". 

Además, apuntan a que la reivindicación no solo atañería a Orihuela, sino también a toda la zona del Segura y para la Comunidad Valenciana al dotarla de más independencia y seguridad jurídica. "Pensamos que esta reivindicación de los oriolanos no debería perderse en la burocracia".

Si consiguieran su objetivo, también lograrían que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela pudiera impugnar resoluciones a tribunales, y las resoluciones propias serían irrevocables, salvo por el Tribunal Constitucional. 

La Asociación de Juristas Valencianos creen que este es un buen momento para retomar la iniciativa porque "pensamos que con los años que hace que se solicitó en Les Corts, ya hay hay margen para que ocurra y ahora, quizá con el cambio de Gobierno en España, sea un buen momento para recordar y rescatar del olvido el proceso". 

Jornadas históricas 

En febrero de este año, la sede de la Real Academia de Cultura Valenciana celebró las jornadas “Tribunals d’Aigües. Un patrimoni cultural i jurídic necessari”. De este modo, por primera vez en València se reunieron cuatro de los tribunales que podrían considerarse tradicionales y consuetudinarios. De ellos, dos ya estaban reconocidos como tal por el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: el de los Hombres Buenos de Murcia y el Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia. Los otros dos, son aspirantes a serlo, el  Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Tribunal del Comunero del Rollet de Gràcia de l'Horta de Aldaia.

La jornada sirvió para hablar de sus competencias, organización, acceso, ubicación y de los problemas que atienden. Pero también permitió reivindicar el reconocimiento del órgano de Orihuela como tribunal tradicional y consuetudinario, petición fundada en que ese tribunal imparte justicia desde tiempos inmemoriales. Y es que, desde la época árabe ha servido para resolver conflictos entre regantes por medio de normas consuetudinarias. 

El Ayuntamiento de Aldaia celebrará, por su parte, a finales de julio, una jornada propia en torno al Tribunal del Comuner en la que se debatirán, entre otros puntos, los aspectos legales del órgano. 

Contexto e historia

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela se creó a mitad del siglo XIII, por Alfonso X El Sabio, y tenía con competencias sobre el agua de la Vega Baja proveniente el río Segura. A raíz de este órganos, otros jurados de aguas en el s. XIX tomaron como referencia al oriolano para su constitución.

Así, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela aplica ordenanzas para solucionar conflictos entre regantes y vela por el respeto del reparto del agua y del sistema hidráulico. También  frente a hechos dañosos. El órgano juzga resolviendo intereses de otros desde la perspectiva de los regantes de una comunidad, pero con interés propio en cuanto conocen los integrantes de la comunidad de regantes y sobre conflictos entre usuarios de un bien público como el agua.