SANT JOAN D'ALACANT. El juzgado nº 2 de Alicante ha echado atrás el desarrollo del parque empresarial respaldando el recurso presentado por el grupo municipal Compromís contra el Ayuntamiento de Sant Joan, por no haber elaborado un estudio económico financiero que avalara el proyecto.
La resolución pone de manifiesto la falta de responsabilidad y gestión del equipo de Gobierno local, poniendo en peligro una vez más los recursos públicos. Compromís lleva desde 2002 rechazando este macroproyecto debido a la falta de seriedad en el proceso, la ausencia de iniciativa privada interesada en este sector y la falta de estudios económicos imprescindibles con una previsión rigurosa de los riesgos que pueda suponer estas actuaciones a las arcas públicas.
El Programa de Actuación Integrada PAI, el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización del Parque Empresarial se aprobaron en abril de 2021 con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE y Ciudadanos), además de Vox y PP, siendo rechazado por Podemos y Compromís. Este último ya informó que tomaría medidas legales por identificar serias irregularidades y no fundamentar su viabilidad, valorando la operación como "otra especulación urbanística más propia de la burbuja inmobiliaria, que no se adecúa a la realidad económica y social de Sant Joan".
De esta manera, el portavoz de Compromís, Sergio Agueitos, interpuso un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Alicante contra el consistorio en junio 2021, impugnando la resolución que aprobaba el desarrollo del PAI del Parque Empresarial debido a la inexistencia del estudio económico financiero. Un documento de obligatoria presentación que debe prever el coste de ejecución y las fuentes de financiación de la intervención, y que ha de demostrar la viabilidad económica de la misma, como el mantenimiento de las infraestructuras o la prestación de servicios.
Sergio Agueitos, portavoz de CompromísYa en 2014, la formación presentó alegaciones en la primera exposición pública del programa en las que se apuntaba la falta de dicho estudio, al igual que en 2018 con la segunda exposición, pero el Ayuntamiento hizo oídos sordos y las rechazó todas. Por aquel entonces, Agueitos puso en evidencia la obsolescencia del proyecto, ya que casi 20 años después del inicio del desarrollo del plan, los riesgos a asumir por parte del consistorio eran mayores y no se habían ni siquiera planteado.
Además, en las alegaciones se incluían aspectos que no estaban correctamente planteados en el Plan Parcial como el Plan de Movilidad, que no contemplaba ni la perspectiva de la accesibilidad universal ni la movilidad urbana sostenible, sin una propuesta aprobada por la Conselleria sobre la línea de transporte público que accediera al sector y dejando sin contemplar también las conexiones peatonales o ciclistas, incumpliendo de esta forma la ley 6/11 de movilidad de la CV.
La inexistencia del estudio económico ha sido clave para que ahora el tribunal haya fallado a favor de Compromís. Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan se ha escudado con el informe de sostenibilidad económica (documento diferente y que no debe confundirse con el estudio) que incluso es insuficiente, pues solo describe las opciones de retribución de los propietarios sin un estudio o análisis de mercado actualizado que atendiese a posibles problemas en la financiación. Tampoco incluye ninguna valoración ni justificación de la inversión por parte de las arcas públicas, ni su sostenibilidad desde el momento de su puesta en marcha.
Desde Compromís se ha denunciado desde el primer momento todos estos elementos que han generado escasa fiabilidad y una imposibilidad en su desarrollo, incluso advirtió en su día que la empresa municipal PYCSA no podría hacerse cargo de las actuaciones urbanísticas del plan por sus limitaciones (avalado por el informe de Intervención en 2020.
La apuesta de Compromís siempre ha ido vinculada a incentivar alternativas al sector de la innovación, sin necesidad de urbanizar los casi 700.000 metros cuadrados de Fabraquer que tendría como resultado la destrucción de un espacio dedicado tradicionalmente a la Huerta. Asimismo, ha solicitado los informes clave para su desarrollo a lo largo de los años, como el mencionado estudio económico, pero también una evaluación del impacto social, de género y ambiental, así como una especial atención a la protección de la zona debido a los restos arqueológicos que han aparecido por la zona y la protección de los elementos que puedan ser de interés patrimonial, como los caminos históricos o las acequias.
La coalición lleva años defendiendo un modelo económico para Sant Joan desvinculado del desarrollismo, la economía del ladrillo o la especulación. No obstante, lamentan que el PSOE haya seguido los pasos del PP en la gestión urbanística, apostando por cementar todo el suelo y proponiendo proyectos majestuosos inviables, aun teniendo el rechazo de propietarios y vecinos de la zona. "Esta sentencia debe ser un punto de inflexión en la gestión de nuestro territorio. Es el momento de que el resto de grupos trabajen por un modelo sostenible, que no hipoteque Sant Joan ni su futuro", afirma Agueitos.
