VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia ha suprimido un total de 45 funcionarios de refuerzo en juzgados y fiscalías de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con la información ofrecida por el propio departamento que dirige Elisa Núñez (Vox).
Como informó Valencia Plaza, la Conselleria comunicó a finales del año pasado que no prorrogaría algunos de estos refuerzos, lo que suponía que cesaban en sus funciones a fecha de 31 de diciembre de 2023. Una decisión que ha provocado quejas por parte de los órganos judiciales. La fiscal superior de la Comunitat, Teresa Gisbert, puso de manifiesto su desacuerdo en su última comparecencia en Les Corts. Pero no es la única, puesto que la complicada situación por la falta de recursos es generalizada.
Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo autonómico del PSPV, Compromís y Unides Podem incrementó notablemente el presupuesto del plan de refuerzo de los juzgados, una de las medidas más destacadas de la entonces consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ante la sobrecarga de trabajo. No era, desde luego, la solución definitiva a la eterna carencia de medios, pero el despliegue de más funcionarios sí supuso una ayuda de manera temporal.
Con la entrada del nuevo Gobierno autonómico del PP y Vox, que ha querido ajustar al milímetro las cuentas y el Capítulo I (personal), la decisión del departamento de Justicia ha sido la de prescindir progresivamente de parte de este plan. Las necesidades se revisan de manera semestral en virtud de las peticiones de los juzgados, por lo que el último plan que se amplió fue el del segundo semestre de este año. Al llegar ya diciembre y finalizar, se comunicaron los ceses de funcionarios.
La consellera de Justicia sostuvo hace pocas semanas que, efectivamente, los refuerzos de las plazas de funcionarios llevan realizándose años en los juzgados de la Comunitat Valenciana y "son parches". "Para hacerse una idea de la magnitud del parche, en 2017 había cinco funcionarios de refuerzo y en 2023 hay más de 400 plazas de refuerzo", apuntó. Núñez cree que la solución pasa por crear plazas estructurales por parte del Ministerio de Justicia. Una demanda que ya han trasladado. "Este es un tema que evidentemente ni afronta ni gestiona el Ministerio", criticó.
Y aunque todo el mundo –incluyendo los juzgados– coincide en esto último, a su vez consideran que un proceso de esas características implica una convocatoria y tardaría mucho en llevarse a cabo. Más dependiendo del Gobierno central. Por lo que, de forma provisional, creen que se deberían mantener los citados refuerzos, cuya retirada condiciona absolutamente el trabajo diario y el desarrollo de las causas judiciales.
En la provincia de Alicante, se han suprimido un total de 22 refuerzos. Algunos de ellos en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alicante, especializado en cláusulas suelo; en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Benidorm; o en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche. También en juzgados de Orihuela, Villena y Elda y en la Fiscalía Provincial.
Entre los argumentos que ofrece la Conselleria es que en algunos casos no se solicitó su prórroga o en otros no aparecía mencionado en el informe de la Secretaria Coordinadora Provincial.
En la provincia de Castellón, se han suprimido cinco refuerzos: cuatro en la Fiscalía provincial y uno en el Servicio Común Procesal de Asuntos Generales porque no se solicitó su prórroga.
Por último, en la provincia de Valencia se han eliminado 18 refuerzos en juzgados de Alzira, Gandia, Massamagrell, Mislata y Picassent. Como ejemplos, en el Juzgado de Primera Instancia número 25 de Valencia, especializado en cláusulas suelo, se han suprimido tres refuerzos y en la Fiscalía provincial seis.
En alguno de los casos, como Alzira, se ha producido un cambio de refuerzo, eliminando el de gestión y creando el de tramitación. Y aunque no se contabilizan como suprimidos, en dos casos no se ha prorrogado una prolongación de jornada.
El portavoz de Justicia de Compromís en Les Corts, Jesús Pla, critica que ya es "objetivo y constatable" que "el Gobierno de Mazón ha eliminado más de 40 refuerzos en los juzgados y fiscalías valencianos". En su opinión, "con ello agrava las consecuencias en la ciudadanía y aumenta el tapón judicial de forma exponencial".