Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSVALÈNCIA. Hace dos semanas, arrancó el primer curso de formación de funcionarios en prácticas del nuevo modelo de oposiciones de la Generalitat Valenciana. Un proyecto piloto que cambia por completo los procesos selectivos de acceso a la Administración autonómica, ya que los aspirantes que superan el primer examen deben realizar un curso remunerado de cuatro meses en la conselleria que le asignen para conseguir finalmente una plaza de funcionario.
Este nuevo modelo, bautizado como un 'MIR' para los empleados públicos, ha sumado en las últimas semanas alguna que otra crítica. Principalmente, de la primera promoción de examinados porque la Generalitat no ha esperado a resolver los recursos de alzada presentados contra las respuestas de los exámenes antes de iniciar los cursos de formación. En su lugar, con el plazo para alegar todavía abierto, publicó un listado de aprobados el pasado 3 de marzo, asignó destino a todos ellos y repartió material entre los 238 seleccionados, que ya llevan cerca de dos semanas de formación.
Pero más allá de las protestas que esto haya podido generar y de que finalmente la Administración dé la razón a algunos de los recurrentes o más tarde puedan hacerlo los tribunales, el proyecto piloto ha sumado ahora otro nuevo tropiezo. Esta vez, por cómo se debe llevar a cabo esta formación, quiénes deben encargarse de enseñar a la bautizada en su día como "savia nueva" y qué indemnizaciones ha contemplado la Generalitat por ese "trabajo extra" para los funcionarios actuales.
Así, la "Guía de Formadores" elaborada por l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) ad hoc para este proceso, establece que la Dirección General de Función Pública debe nombrar al equipo de formadores, a un tutor operativo y un tutor coordinador por conselleria. Este último cargo será siempre ejercido por aquellos funcionarios que ocupen la Secretaría General Administrativa -es decir, por altos funcionarios-, y será quien, además, proponga a la persona que debe ejercer de tutor operativo.
Todos ellos, según lo regulado por la Generalitat, percibirán "dos colaboraciones por semana" por impartir esta formación y tutorizar a los aspirantes a funcionarios en prácticas. Esto supone, según el decreto autonómico de indemnizaciones, que cobrarán 100 euros semanales -pues cada colaboración es de 50 euros-. Así, a diario percibirán 20 euros extras. Una cifra ha despertado un importante malestar en la plantilla de la Administración autonómica, principalmente, por la cantidad de tareas que, por contra, están obligados a asumir.
Las funciones que tienen todos asignadas son extensas. El tutor coordinador se encargará de determinar el horario que debe cumplir el funcionario en prácticas, cuya jornada será de 35 horas -dato curioso teniendo en cuenta que ahora mismo Función Pública busca la manera de que aplicar este horario a su plantilla-. Pero también deberá organizar la rotación de las personas en prácticas por distintos departamentos para que su aprendizaje sea transversal; coordinar la dotación de medios materiales; ejercer de interlocutor entre los estudiantes en prácticas y el IVAP; y finalmente hacer una evaluación de su paso por la Administración.
Los tutores operativos deben encargarse de asignar a los aspirantes las tareas concretas que deben realizar a diario, supervisar que lo hagan, controlar la asistencia y, en general, asistir al coordinador en todo lo que este le reclame.
Así, entre los funcionarios de la Administración consideran que las dietas que ha previsto el Consell, no corresponden a las que asume el personal colaborador en cursos y seminarios, sino que estas son más equiparables a las que realizan ciertamente la categoría de "docentes", cuyas indemnizaciones se sitúan en 86 euros y que, en este caso, hubiera conllevado que cobrasen 172 euros semanales.
En este sentido, las indemnizaciones también han despertado quejas por otro motivo particular: los tutores deben evaluar a los aspirantes y, aunque estos posteriormente deberán enfrentarse a un examen final, deben evaluar a los aspirantes y decidir mediante su criterio quién superado el proceso de prueba.
Ahora bien, sin formar parte del propio tribunal, los altos funcionarios tienen dudas de la capacidad que tienen para evaluar a estos potenciales empleados públicos, dado que la legislación estatal marca que son los órganos técnicos de selección -OTS, término para referirse a los tribunales de oposiciones- los que hacen este cometido. Pero con esta nueva responsabilidad añadida, muchos consideran que las dietas que recibirían no compensarían el cometido que ahora tienen encomendado.
Cabe apuntar que, en este proceso, la Generalitat incorpora a todas las personas que han pasado la nota de corte más otro 10% de aspirantes para, al finalizar el curso, que la Administración "se quede con los mejores".
Los altos funcionarios, además, deberían tutorizar a personal en prácticas dentro de su jornada laboral, lo que supone, según explican, una mayor carga laboral y que resuelvan a un ritmo menos ágil sus tareas en la Administración.
