El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, y la de Justicia, Gabriela Bravo: Foto: VPVALÈNCIA. Cuando el Botànic llegó al poder en 2015, aplicó una modificación respecto al tope de contratación de personal eventual. 74 fue el número máximo -24 menos que el último gobierno del PP- que se fijó por parte del Gobierno valenciano, una cifra que tras la primera legislatura se acordó flexibilizar tras constatar la necesidad de contar con más efectivos en las consellerias.
Así, la cifra de personal eventual se incrementó sustancialmente, en concreto con un máximo de 116 asesores, un 57% más que en la legislatura anterior. Así, se acordó el incremento para Presidencia (hasta 26), Vicepresidencia Primera y Conselleria de Igualdad (15) y Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda (9); lo que supone un total de 50 trabajadores de estas características.
De la misma manera, también se decidió aumentar el personal eventual en las consellerias que manejan mayor cantidad de presupuesto, teniendo como baremo que cada mil millones de euros a gestionar se podría contar con un asesor extra. De esta manera, Sanidad y Educación alcanzaron los 12 y 10 efectivos en total respectivamente. Mientras, el resto de carteras se debía someter a seis asesores, excepto Hacienda, que podría contar con dos personas 'extra' por sus condiciones especiales de volumen de gestión transversal.
A día de hoy, y dando por hecho que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente cubrirá sus seis plazas tras el relevo de Mireia Mollà por Isaura Navarro-, hay 110 plazas cubiertas según refleja la web oficial GVA Oberta. Pero esto no significa que todas las necesidades estén cubiertas.
El pasado tres de octubre, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el nombramiento de Alexandre Tomás como asesor de asuntos generales de la Conselleria de Sanidad. No obstante, no es allí donde al parecer está desempeñando sus funciones, sino que lo está haciendo en la Conselleria de Justicia bajo las órdenes de Gabriela Bravo. En concreto, en el directorio de personal de GVA Oberta aparece adscrito a ese departamento mientras que en el listado de personal eventual, aparece en la lista de Sanidad.
Las fuentes oficiales de ambas consellerias consultadas por este diario no detallaron las circunstancias de esta situación, si bien todo indica a la necesidad de un refuerzo en Justicia y que, al tener sus plazas copadas, habría recibido el préstamo de un asesor nombrado a través de Sanidad, que sí tenía disponibilidad para ello.
Por otro lado, este viernes se publicó en el DOGV otra variación en la Conselleria de Justicia: el cese a petición propia de la asesora Anna Isabel López Ortega y la incorporación de Luis Miguel Arroyo, miembro de la Ejecutiva del PSPV de València ciudad y del distrito de Marítimo.
