BENIDORM. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública invertirá entre este año 2020 y el que viene más de 800.000 euros en el Palacio de Justicia de Benidorm en toda una serie de actuaciones para reparar deficiencias y dotarlo de mejoras para sus profesionales y usuarios.
Así lo ha explicado este viernes la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, en su visita a esta sede judicial alicantina donde se ha reunido con jueces, fiscales, funcionarios y representantes de los operadores jurídicos de la capital de La Marina Baixa.
La consellera ha destacado que, en este momento, "estamos llevando a cabo varias actuaciones en el edificio por un importe de 330.000 euros que estarán concluidas hacia el mes de julio". En este sentido, Bravo ha explicado que en la planta baja se dividirán las dos salas de vistas en cuatro para agilizar el funcionamiento de los juzgados.
Además, en la primera planta se va a reordenar el espacio para ubicar la Unidad de Valoración Forense Integral y la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, así como rehabilitar el Gabinete Psicosocial.
En la quinta planta está habilitando un espacio seguro para las víctimas y un acceso alternativo para los funcionarios en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer mientras que se están sustituyendo los sistemas de iluminación de todo el edificio para mejorar sus prestaciones y que sean más eficientes desde el punto de vista del consumo y el respeto al medio ambiente.
"A todo esto -ha apuntado la consellera- vamos a sumar un ambicioso proyecto que tenemos ahora mismo en redacción para la reparación y puesta a punto en del edificio que contemplará actuaciones en la fachada, la carpintería exterior, la cubierta y en los sótanos y que costará entorno al medio millón de euros".
Por otra parte, la consellera ha explicado que en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia se va a crear un juzgado bis de refuerzo para la jurisdicción de Lo Social "dada la notable carga de trabajo que acumula este órgano". Según Gabriela Bravo, este juzgado bis "se encargará en exclusiva de procedimientos laborales y para ello, además del juez y el letrado de la Administración de Justicia, estará dotado de cuatro funcionarios autonómicos a fin de que estos litigios se resuelvan con mayor rapidez".