Juicio al exdirector de Suma: la Fiscalía le pide 12 años de inhabilitación por trocear contratos

ALICANTE. El exdirector de Suma, Manuel Bonilla, se sentará este martes en el banquillo de los acusados (salvo pacto de conformidad previo) para ser juzgado en la Audiencia de Alicante por un delito continuado de prevaricación administrativa presuntamente cometido durante el periodo en el que permaneció al frente del organismo tributario de la Diputación.

La Fiscalía solicita inicialmente para él una pena de 12 años y un día de inhabilitación para el desempeño de empleo o puesto público que implique cargo de dirección de cualquier organismo de corporación local o comercial tras considerar que adjudicó de forma directa cinco contratos menores por separado cuando por su idéntico propósito debían de haberse licitado a través de un sendos concursos, abiertos a la pública concurrencia de cualquier empresa interesada.

Se trataría, así, de un presunto fraccionamiento de contratos con el que quien fuese máximo responsable de la entidad pudo haber concedido la realización de los trabajos a conocidos. Según la versión de la acusación pública, esas contrataciones se formalizaron entre los años 2016 y 2018 por importes que oscilaron entre los 17.200 y los 15.500 euros, aunque por una suma global próxima a los 81.000 euros. 

¿De qué contratos se trataba? En primer lugar, la Fiscalía apunta la existencia de tres contratos menores (de adjudicación directa) para la realización de "asesoramiento y consultoría en materia de recursos humanos". Y en segundo término, de otros dos contratos menores motivados por un "servicio de asesoramiento, producción, gestión y promoción publicitaria de contenidos para la comunicación on line y off line" para Suma. En ambos casos, las empresas beneficiarias de esos trabajos estaban representadas por conocidos de Bonilla, según la Fiscalía.

LA ACUSACIÓN PÚBLICA SOSTIENE QUE REALIZÓ UN "FRACCIONAMIENTO ARTIFICIOSO" EN CINCO CONTRATACIONES QUE SE ADJUDICARON DE FORMA DIRECTA A PERSONAS QUE CONOCÍA CUANDO SE DEBIÓ HABER OPTADO POR CONCURSOs

En este sentido, en su escrito de acusación inicial señala que para llevar a cabo esas contrataciones, el exdirector del organismo de la Diputación "realizó un fraccionamiento artificioso e indebido de los objetos de las prestaciones a fin de eludir la normativa vigente en materia de contratación administrativa, que exige respeto a los principios de publicidad y concurrencia". Y añade que la legislación "impone a los órganos de contratación dar a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustar su actuación al principio de transparencia". De ahí que considere que "no debe ser fraccionado un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir, así, los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan". 

Al respecto, la Fiscalía recuerda en su escrito de calificación que, en el momento de los hechos, el límite legal para la formalización de contratos menores era de 18.000 euros, y señala que las contrataciones debieron canalizarse "mediante concurso público en lugar de contrato menor por referirse a unos mismos objetos y tratarse de unidades funcionales". "Si no se siguió la tramitación correcta fue para no superar el límite legal del contrato menor de servicios", incide. 

Bonilla llegó a la dirección de Suma en 2016, bajo el mandato del popular César Sánchez como presidente de la Diputación. Se mantuvo en ese puesto hasta octubre de 2019, cuando fue cesado por el titular actual de la institución provincial, Carlos Mazón, tras conocerse que Bonilla había sido citado como investigado por la formalización de esa relación de contratos menores. Entonces, Mazón justificó el cese de Bonilla con el argumento de que pudiese centrarse en su defensa en la causa.