Joaquim Bosch: "El fallo de la democracia fue no perseguir los crímenes de la Dictadura"

BRUSELAS. Con una prosa ágil, fuera de lo habitual en un juez, el magistrado Joaquim Bosch desgrana en su último libro el origen y destino de la corrupción en España. “La patria en la cartera” hace un repaso de un sistema clientelar y que se construyó durante la oligarquía de la dictadura franquista y que la democracia española ha heredado con todas sus consecuencias, hasta hacer tambalear los cimientos del Estado. El sábado lo presentará a las seis de las tarde en la Feria del Libro de Valencia, acompañado por el también magistrado Luis Manglano, instructor del caso Naseiro que pudo salpicar a Eduardo Zaplana, si no fuera porque el Tribunal Supremo invalidó las grabaciones policiales.

P. Tras “El secuestro de la justicia”, escrito a cuatro manos con Ignacio Escolar, “La patria en la cartera está superando todas las expectativas llegando a la cuarta edición en sólo dos meses. Y eso que se trata de un extenso volumen de 464 páginas, casi como una tesis doctoral.

R. El tema es muy denso, muy problemático. Tiene una historia muy larga detrás, lo que implica una cierta extensión. Las gran dificultad ha sido reconducir las muchísimos datos de la corrupción en un formato manejable. Y la dificultad ha sido de síntesis. Comencé plantando las dinámicas de la corrupción y hallé dos claves. Una, la histórica, que nos ayuda a entender la persistencia del problema en toda su latitud. Y, luego, la clave económica. Había pocas investigaciones realizadas por los economistas, que han ahora comenzado a aportar mediciones sobre la gravedad del fenómeno. Y esa combinación ha dado una visión novedosa que invitaba a publicar sobre el tema. Ha sido un trabajo de ocho meses, pero detrás hay muchos años de lectura y de reflexión.

P. “La dictadura franquista nació tras una larga guerra que se había iniciado con un golpe militar contra un gobierno elegido democráticamente.” ¿Hay que repetir esta frase, que está en el libro, muchas veces para saber dónde estamos y de donde venimos?

R. Es importante remarcar el origen antidemocrático y dictatorial del régimen de Franco porque las circunstancias de la Transición llevaban a un replanteamiento del régimen o a una ignorancia deliberada, de no hablar de la etapa. Y es un contexto que explica por qué la corrupción del franquismo tuvo continuidad en la democracia. La democracia enfrentó el problema de la corrupción del franquismo ignorándolo. Podría haber buscado soluciones, pero apostó por omitirlo, porque en la Transición no era posible estar negociando grandes pactos de Estado y un reglas del juego al tiempo que se les exigía responsabilidad. No se podían negociar las bases de una democracia y al tiempo decir que se les iba a perseguir penalmente por su responsabilidad contra los derechos humanos.

P. Mis alumnos de primero de Derecho en la universidad no conocían lo que fue la “Revolución de los Claveles” de 1974 en Portugal. ¿Los pueblos están obligados a conocer su historia para evitar repetirla?

R. Hay que llegar más allá y desterrar mitos. Por ejemplo, la propaganda del franquismo siempre lo vestía como un personaje austero. Hoy sabemos que era mentira y que amasó una enorme fortuna, junto a sus familiares, ministros, generales, alcaldes y otros altos cargos. Durante la Transición no se podía hablar del franquismo porque no era conveniente y ahora se dice que ya han pasado muchos años. Nos hemos quedado sin un instrumento necesario para entender de dónde viene la corrupción. Por supuesto, es absurdo decir que la corrupción actual es de Franco, es de los políticos actuales. Pero si queremos entenderla, tenemos que conocer su origen. Y, si los jóvenes no conocen la “Revolución de los Claveles”, tampoco comprenderán las dinámicas que generan la corrupción.

P. De su libro se desprende que el régimen franquista ha perpetuado un sistema de oligarquía y servidumbres hereditario.

R. De los 50 ministros y altos cargos al morir Franco, la mitad continuaron en política en democracia y el resto pasó a los Consejos de Administración de las grandes empresas. Las 22 principales empresas españolas del IBEX tenían altos cargos franquistas 17 años después de la muerte del dictador. Además, todos estaban emparentados, ligados economía y políticamente. Esa cultura política empresarial del franquismo continuó en la democracia y fue muy difícil cortar la corrupción del pasado.

P. Van a tener razón los jóvenes que nos acusan de que no ha habido una verdadera Transición democrática…

R. No comparto la descalificaciones globales de la Transición y del sistema democrático. Tuvo elementos muy positivos al vertebrar un sistema de Estado de Derecho garantizando los derechos fundamentales. Pero el fallo fue no perseguir los crímenes de la Dictadura y ello generó continuidades en un sistema corrupto. En España no hubo una auténtica ruptura contra la Dictadura. Y la prueba son los políticos franquistas que continuaron en democracia. Pero eso no significa que es un franquismo disfrazado de democracia, sino que es un sistema democrático con muchas patologías del régimen anterior que no se pudieron solventar en su momento, y que la corrupción que venía del régimen fuera funcional para los nuevos partidos de la democracia. El nuevo sistema democrático asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable. Facilitó el financiamiento ilegal de los partidos. La corrupción sirvió para conseguir influencia y acuerdos en sectores empresariales o enriquecimientos personales. El resultado es una democracia con fuertes injerencias económicas en el ámbito político.

P- Un ejemplo podría ser el de hace unos días, cuando el sector energético se ha unido contra el Gobierno en una carta dirigida a la Comisaria de la Competencia para que no atienda la petición española de limitar el precio de la energía. Y en el mismo día en que recibía a la Ministra de energía en Bruselas. 

R. Precisamente, el sector energético tuvo un origen en el éxito de la guerra civil y por eso fueron premiadas las empresas del sector eléctrico por Franco, delegando en éstas la organización y regulación del sector. La consecuencia la vemos hoy en día, con el fenómeno de las puertas giratorias, que viene de muy antiguo, ya del franquismo. Estos efectos no se han cortado y hay una competición en el ámbito empresarial donde son ellos los que deciden, con sectores intocables. Y es lógico pensar que han sido premiados por un trato de favor. Esas concesiones deberían regularse ya de otra forma.

P. Recoge en su libro que, en 1935, Miguel de Unamuno y otros pensadores de la época escribieron una carta pública donde hablaban de las “ faltas de moral pública”, tras juzgarse el caso “Straperlo”, durante el bienio de la CEDA. Estos días, un juez se escandalizaba cuando un noble, investigado por el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, defendía su derecho a cobrar un millón de euros por una llamada telefónica.

R. Continuamos con claras insuficiencias en el concepto de moral pública, tanto en los políticos como en la ciudadanía. En Suecia dimitió una ministra por comprar una chocolatina con la visa oficial. O un ministro alemán, que también dimitió por plagiar una tesis doctoral. Aquí no tenemos esa cultura de la moralidad y pensamos que lo que no está en el Código Penal es correcto. Pero el político que favorece a un familiar no debería estar en las instituciones. Sigue habiendo una mentalidad inmoral del político que dice que dimitirá cuando haya una sentencia firme. Porque, entonces, es el juez quien lo aparta del cargo. Y esto es indigno de la ejemplaridad que se espera de una cargo publico. Ha sido un deporte nacional embestir contra el partido rival y proteger a los corruptos en sus filas, cuando desde un principio ya hay datos fácticos claros para que un político no esté ahí. Hay una separación absoluta entre lo que es delito y lo que no, y no se hace depender de las faltas de moralidad.

P. No se ha escrito bastante de la época franquista. ¿Viene a suplir esta carencia para el gran público?

R. Como he dicho, forma parte de las concesiones de la Transición, del franquismo no se podía hablar. Aunque se saben muchas cosas. Pero el tema quedó en una especie de limbo y es en los últimos años cuando se ha comenzado a investigar. No hay en España una sola monografía sobre la corrupción de la Dictadura. Sólo se ha hecho alguna investigación sobre aspectos muy concretos, pero no hay una lectura de conjunto de lo que fue el Régimen. El capítulo sobre la corrupción de la Dictadura en mi libro es lo único que se ha hecho sobre el conjunto. Pero no soy historiador. Eso nos demuestra el pacto de silencio que se produjo a la muerte de Franco, con todos los perjuicios posteriores. Entiendo que en aquel momento era inevitable. Ahí está los golpes de Estado, la violencia policial, la violencia de la extrema derecha con protección policial, los 250 muertos de la  Transición, el atentado de Atocha… Nosotros tenemos ejemplos valencianos con los asesinatos de Miquel Grau, Guillem Agulló, las bombas a Joan Fuster y Sanchius Guarner. Pero durante la democracia debería de haberse investigado algo más y con este libro intento llenar esos vacíos. 

P. “La comisión está en la rotonda”. Frase épica durante los años del boom inmobiliario. ¿Cuándo se escandalizará la ciudadanía al conocer que la rotonda de su pueblo ha costado 150.000 euros?

R. Hay un regla esencial. Y es que a precio de mercado no puede existir corrupción y, para ello, tiene que haber un sobrecoste. La Administración Pública no tiene que pagar nada por sobre el precio de mercado. Cuando hay derroche y despilfarro se tienen que levantar todas la alertas. Hay una ciudadanía que de buena fe o por falta de información piensa que tenemos políticos manirrotos, cuando muchas veces no es falta de diligencia sino corrupción pura y dura. Los economistas dicen que cada año la corrupción nos cuesta en España 40.000 millones de euros. Y, si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción, la renta per cápita sería muy superior a la media europea y cercana a la de Finlandia o Dinamarca, países con menos corrupción y más renta. Porque han puesto los bienes al servicio común. Esos mecanismos que castigan la libre competencia para premiar a los empresarios que no aportan nada son los elementos que paralizan nuestra economía y paralizan nuestra sociedad.

P. ¿Ha sido la justicia el elemento corrector de la corrupción durante la democracia?

R. La justicia no ha podido ser un contrapeso suficiente porque desde el poder político no se ha querido. Ha habido una colonización de los poderes, como el tribunal de cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía. No hemos tenido autonomía suficiente para impedirlo y unos instrumentos insuficientes. Estamos a la cola en Europa de jueces por habitantes y claras carencias en los instrumentos para perseguir la corrupción. Tienen más recursos las redes corruptas que los jueces para perseguirlas y no solo económicos, sino también los instrumentos legales, con una Ley de Enjuiciamiento Criminal 1882, de cuando íbamos en carruajes. Y ello dificulta la investigación de delitos complejos o económicos. Podemos pensar que todo es casualidad, pero Roosevelt ya dijo que, “en política nada pasa por casualidad". Cuando han pasado décadas y todo sigue igual, ya no es un  problema, es falta de voluntad política.

P. Una frase contundente en su libro refiere a “la confusión entre lo estatal y lo particular”. Siempre me llamó la atención que, durante el juicio del caso Gürtel, importantes líderes del PP se referían a los trabajadores de sus sede en la calle Génova como “funcionarios”.

R. La corrupción nos demuestra una confusión peligrosa entro lo público y lo privado. A menudo, la corrupción inunda la conducta de partidos y políticos que están en contra de lo público y de los servicios sociales, pero no tienen problema en aprovecharse y beneficiar al partido o amigos empresarios con dinero público. Es una continua confusión con lo que es de todos, de la la sociedad. El problema es que en nuestro país no esté asumido por todos este mínimo de separación entre lo público y lo privado, y la dificultad de separar los intereses privados y colectivos.

P. Hijo y nieto de un ministro franquista, que usted nombra en su libro como un político corrupto, han sido condenados en democracia por evasión fiscal…

R. Sin entrar en este caso, hubo tantos elementos continuados de corrupción durante el franquismo, que en democracia es comprensible que se repita. Era lógico que fueran los contactos personales, las amistades con el Régimen… Las grandes fortunas del último siglo no han pasado a la posteridad por innovaciones tecnológicas, sino por sus conexiones con el poder, al tráfico de influencias, el favoritismo de todo tipo y, como no se cortó, continuó existiendo una cultura de proximidad con el poder. La cultura del pelotazo, el crecimiento económico de la especualción sin crear tejido productivo continua hoy muy presente.

P. El Rey…

R. Como ha indicado la Fiscalía en su decreto de archivo, el problema es la figura de la inviolabilidad. Y eso nos tendría que hacer reflexionar sobre el peligro que en una sociedad democrática, alguien por su carácter simbólico y que es el máximo representante, no pueda ser investigada por su conducta penalmente reprobable, y lleve a situaciones de impunidad y al coste de descrédito de las instituciones. En una monarquía parlamentaria es necesario que haya instrumentos de rendición de cuentas. Es fundamental conocer el patrimonio del Jefe de Estado. Si esto se hubiera conocido con el Rey Emérito, habría sido un instrumento para evitar muchas de sus acusaciones. Y otro problema es la figura de la inviolabilidad. Todo tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Cualquier alteración de ese principio debe ser muy excepcional y justificado.  Esa excepción es abiertamente desproporcionada y no ayuda a sus funciones de Jefe de Estado, y es una invitación a la corrupción. Veamos el caso “Corina Larsen”.

P. ¿Cuál sería el mensaje final?

R. Generar un debate abierto en la sociedad y aportar información para el gran público y las fuerzas políticas. Porque la corrupción es un gran descrédito para a las instituciones, nos empobrece a todos, explica algunas distancias respecto a otros países europeos y perjudica nuestro progreso como sociedad. Aportar estar reflexiones podría ser positivo para que mejore el país.