Una de las protestas organizadas frente a la aprobación de la ordenanza de convivencia.ALICANTE. Los eurodiputados por la Izquierda, Manu Pineda y Sira Rego, han registrado una batería de preguntas en el Parlamento Europeo para denunciar la vulneración de Derechos Humanos que supone la ordenanza de convivencia cívica de Alicante, según han informado fuentes de Esquerra Unida (EU), a través de un comunicado. La normativa municipal, aprobado en febrero por el equipo de gobierno (PP y Cs) y Vox, "implica multas de hasta 3.000€ para personas sin techo y mujeres en situación de prostitución" en determinados supuestos.
En este sentido, Pineda y Rego han señalado que "la ordenanza no tan solo afecta a estas personas vulnerables, también a personas migrantes y al colectivo LGTBI". "Bajo el pretexto de la convivencia, se fomenta la discriminación en materia de igualdad, diversidad sexual y migración", añade el comunicado.
"Los eurodiputados por la Izquierda se basan en datos del Observatorio HATENTO para afirmar que el 47% de las personas en situación de vulnerabilidad han sufrido algún tipo de incidente o delito de odio por el hecho de no tener un hogar. Además, aluden a los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que aseguran que este tipo de ordenanzas violan el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos", según abundan las mismas fuentes.
Así, según EU, las preguntas inciden en una valoración por parte de la Comisión Europea de esta ordenanza en concreto, pero también otras similares, puesto que "claramente vulneran los DDHH en la Unión Europea". Además, se solicitará a la Comisión que este tipo de normativas se ajusten a los dictámenes del TEDH y que, en caso de no hacerlo, se pida información a las autoridades municipales sobre las consecuencias de su aplicación.
Por su parte, Manolo Copé, coordinador del colectivo de EU Alicante, asegura que "lo que está en juego es que Alicante no se deshumanice". Copé incide en que "esta norma somete a las personas más perjudicadas por el sistema a una situación más difícil todavía, en la cual se les prohíbe y sanciona por sobrevivir en el espacio público". En este sentido, Copé denuncia que 2esta ‘Ordenanza de la vergüenza’ no busca la inclusión social ni resolver los problemas de las personas alicantinas más desfavorecidas".
