Toni Pérez en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm iba a celebrar este lunes un pleno extraordinario para aprobar el pliego de la limpieza y recogida de residuos urbanos. La concesión actual está caducada desde hace cuatro años. El documento firmado por el interventor en funciones asegura que la redacción del pliego estaría favoreciendo a la actual concesionaria. El gobierno local decidía aprobarlo en una sesión extraordinaria este lunes, a pesar de tener la ordinaria el próximo 25 de julio. Unas premuras que desde la oposición de PSOE y Cs han interpretado lanzando la teoría de que la intención era que el informe de Intervención no llegara a tiempo.
Lo cierto y constatable es que sí que llegó, una hora antes de que se fuera a iniciar el pleno. Trece hojas de un informe que mantiene los reparos manifestados en diciembre del año pasado, e incluye otros nuevos. El alcalde, Toni Pérez, reseñó en rueda de prensa que tomaba la decisión de desconvocar el pleno para que puedan estudiar el documento el órgano gestor del contrato y las áreas de Contratación y Secretaría, para después saber cómo actuar.
Pero, ¿qué dice el informe? El documento al que ha tenido acceso Alicante Plaza está firmado a las 9.08 horas del mismo lunes y consta de 13 páginas. A grandes rasgos, señala que "esta Intervención entiende que el precio del contrato se ha fijado incorrectamente, su duración no se justifica y que los licitadores diseñen en su totalidad el servicio que van a prestar y sus características sin conocer los criterios de la administración para valorar sus propuestas, no tiene amparo en la LCPS", esto es, la Ley de Contratos del Sector Público.
Con ello, asegura, provocan que la actual adjudicataria de los servicios "esté en una situación privilegiada por conocer las necesidades reales y las especiales características del municipio, lo que les da una ventaja clara con respecto a los demás licitadores en la redacción de su propuesta".
Por ello, consideran que los pliegos se tienen que "redefinir" para establecer "la definición técnica y económica de los servicios a prestar, su dimensionamiento, organización, rendimiento, eficacia, eficiencia, precios, objetivos, etc." para que todos los licitadores "se encuentren en igualdad de condiciones y se garantice el objetivo de lograr la mjorar relación calidad precio para el contrato".
Como se decía, Intervención ya indicó algunos reparos en el mes de diciembre. Emitió un primer informe de fiscalización previa el 3 de diciembre, al que se presentaron alegaciones por parte del área de Contratación. Sobre este se emitió un segundo documento firmado el 16 de diciembre. Desde aque entonces se han incorporado al expediente unos 40 documentos más, a los que Intervención daba ahora respuesta.
El extenso informe de Intervención va punto por punto desgranando las deficiencias en el pliego detectadas por el departamento. Para empezar, menciona el criterio de solvencia económica y técnica. Así, señala que la LCSP establece un límite máximo que debe modularse justificadamente y no justificarse como un importe mínimo, como hace el pliego actual según el interventor. "Se considera que la aplicación en estos términos limita injustificadamente la competencia", recoge el texto, aunque matiza que se puede considerar una cuestión susceptible de interpretación, por lo que no formula reparo.
Como se recordará, el Ayuntamiento abrió una consulta preliminar de mercado en el que participaron empresas del sector. En el informe final de conclusiones el ingeniero técnico indicaba que las propuestas presentadas establecían un plazo de amortización de diez años, a excepción de una de ellas que lo fijaba en ocho años. Sin embargo, esto contrasta con lo establecido en el pliego, que define dos categorías de equipos en función de su valor de adquisición. La maquinaria grande tendría una vida útil de 15 años y en ella entrarían aquellas que cuestan más de 120.000 euros. La maquinaria pequeña está considerada para aquellas que valen menos de 120.000 euros, sin especificar su duración.
Estos criterios, incluidos en el 'Anteproyecto de explotación' no son bien vistos por Intervención, que asegura que "establecer que un bien va a durar más o menos dependiendo de su valor no tiene ningún sentido". A modo de ejemplo, mencionan que se prevé que un camión de recogida dure 15 años, a pesar de que el informe de Ingeniería sobre la consulta preliminar avisan que como mucho sería de 10 años, al tiempo que la experiencia del propio municipio demuestra que después de una década de uso se han tenido que reponer o reparar para alargar la vida útil.
El pliego contempla una duración de 15 años más uno de transición. Sin embargo, el informe pide rebajarlo a 8 o 10 años. Además de por las consideraciones sobre la duración del equipamiento, mencionan los avances tecnológicos como una cuestión importante en los pliegos, al tiempo que se esperan cambios normativos que dejarían obsoleto el pliego actual. Por contra, se tendría que hacer una adjudicación directa al contratista de nuevos equipos "que sería contraria a la LCSP".
El informe señala sobre este aspecto que la ley dispone que este tipo de servicios se tienen que contratar por cinco años a no ser que se justifique una ampliación por motivos de recuperación de las inversiones. Con todo, el interventor en funciones considera que sigue sin justificarse y mantiene el reparo puesto en diciembre.
Algunos de los puntos señalados por el informe abundan en la falta de información. Es el caso de la construcción de una base logística, que figura en el apartado de inversiones. El Ayuntamiento tendría que adquirir un terreno para su construcción, planteándose en un procedimiento independiente. Por ello, creen que se tendría que haber resuelto antes de sacar la licitación para que las empresas conozcan el alcance económico y que tengan la seguridad de que contarán con un inmueble para ubicarla, de lo contrario, apuntan, "se pueden encontrar con muchas dificultades para disponer del mismo o con gastos no previstos que pueden ser elevados". Por ello, consideran de nuevo que se estaría favoreciendo a la empresa actual que "ya tiene resuelto este problema".
En el mismo sentido se pronuncian sobre el Anteproyecto de Explotación del Servicio para evaluar y definir el alcance económico. Un documento que no se debe considerar como referencia para los licitadores según se establece en el mismo. Algo que no comprenden desde Intervención, y menos cuando se ha hecho una consulta preliminar. Por ello, formulan un nuevo reparo ya que esto implica falta de información para las empresas para conocer el "alcance y definición de cómo pretende el Ayuntamiento afrotnar la gestión de los servicios licitados, lo que como mínimo conculcaría los principios de igualdad y publicidad".
Otra de las cuestiones que versan sobre este principio apuntan directamente al umbral mínimo de puntuación de los criterios técnicos. Un aspecto que consideran desde este área que siempre desvirtúa la objetividad del conjunto de criterios de valoración y la ponderación total de las proposiciones, al restar valor a los matemáticos. En esta ocasión, se acentúa bajo la opinión del técnico que dice contemplan la eliminación de ofertas de aquellos no cumplen con los axiomas que a su vez no vienen definidos en el pliego.
Asimismo, introducen un nuevo reparo por la modificación sobre la revisión de los precios antes de la adjudicación del contrato porque provoca que no se conozca el precio por el que se va a adjudicar.
El informe recoge las palabras del Ingeniero técnico que asegura que reconoce que "desde su inicio, este expediente no se ha adecuado al principio de estabilidad presupuestaria, es más, ni siquiera se tenido en cuenta, tal y como él mismo menciona". Así, destaca la aseveración del funcionario que se basaban en el cumplimiento únicamente de los objetivos marcados por la legislación medioambiental comunitaria y estatal, así como las directrices europeas, sin que se tuvieran en cuenta las posibilidades económicas del Ayuntameinto o las afecciones a otras partidas.
Los importes sobre el balance del servicio no coinciden con el coste que figuran en el pliego, dice el informe. Además, las previsiones de coste por el servicio de transferencia y eliminación están valorados 10 puntos por debajo, al tiempo que admiten que la previsión de ingresos por recuperación de residuos están sin justificar y es "complicado de prever" según el propio redactor. Además, el balance se calcula solo para los tres primeros años, cuando se tendría que hacer para los 15 que contemplan.
Además de todo ello, el pliego incluye los aumentos de coste por factores de potenciación e indicativos dentro del 10% legal de liquidación que depende de variables a futuro. En consecuencia, creen que el precio de contrato no está correctamente definido, por lo que se formula reparo por parte de Intervención. Con todo, consideran que presenta aspectos ya reseñados durante todo el informe -y este artículo- que entienden que "no son conformes a la normativa aplicable". Es más, afirman que el modelo de contratación elegido no tiene amparo en la LCSP.
Tras conocer que el alcalde desconvocaba el pleno por el nuevo informe, la oposición decidió dar una rueda de prensa conjunta para denunciar las diferentes consideraciones que había mostrado Interveción. El portavoz de los socialistas, Rubén Martínez, lamentó que después de haber pasado medio año desde que se informaron los primeros reparos, no se hayan resuelto y aseguró que la documentación indica que podría triplicarse el recibo de la basura, algo que negó posteriormente el alcalde en rueda de prensa.
Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Balastegui, ha llamado la atención sobre que “este pliego no refleja las necesidades reales de la ciudad, cómo la queremos de limpia, qué barrios hay que limpiar más, la frecuencia, nada. Solo decimos: tomen 420 millones por 15 años y díganme qué dan”.
Como se decía, tras la comparecencia de la oposición, el primer edil conovcaba a los medios de comunicación para dar su versión. Así, señaló que no había podido leer todavía el informe por cuestiones de agenda, ya que tenía un acto al que asistir nada más trasladarle el documento. De este modo, recordó que el pasado miércoles se decidió convocar el pleno tras una Junta de Portavoces y a la vista de que existía un expediente “absolutamente completo”.
“El Benidorm del año 2022 y del 2037 requiere de mucho más que de una lectura rápida” de un informe, subrayó Pérez, tras remarcar que “nunca someteré al voto de la Corporación algo que no esté informado correspondientemente”. Sobre el aumento del precio del contrato, recordó que en 2012 se redujo el presupuesto un 25% por el Plan de Ajuste, lo que ha dejado en estos años un servicio que no cubría con las expectativas y sea "insuficiente" para atender "una ciudad que en diez años ha crecido en calles peatonales, nuevos espacios y zonas verdes".
