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auditoría de cumplimiento y operativa de sptcv

Intervención recomienda revisar todas las ayudas del Distrito Digital tras ver errores en algunas

22/12/2020 - 

ALICANTE. Algunas de las empresas instaladas en el Distrito Digital de Alicante no han acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para ser merecedoras de los incentivos económicos concedidos por el Consell (hasta 40.000 euros por establecerse en el entorno de Ciudad de la Luz), o directamente las incumplían. Y pese a ello, recibieron la ayuda, tal como ha constatado la auditoría de cumplimiento y operativa elaborada por la Intervención General de la Generalitat. Por ello, el informe recomienda a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) revisar todas las ayudas concedidas, tras los errores detectados en la muestra analizada.

La auditoría de Intervención analiza varios aspectos de la operativa de SPTCV en 2019: la gestión del personal, los procedimientos de contratación, las subvenciones y ayudas, la gestión y procedimientos de tesorería, y la verificación de la adecuada presentación de la información económico-financiera de la sociedad pública. En la mayoría de apartados, el dictamen es favorable a la forma de operar de la empresa del Consell, pero hay dos aspectos sobre los que Intervención llama la atención a sus responsables: la contratación y la gestión de las ayudas.

La opinión sobre esta última cuestión, específicamente, es directamente "desfavorable", pese a que se ha modificado con las alegaciones de la sociedad pública, que han sido estimadas parcialmente. Intervención señala que "se han observado incumplimientos respecto a los requisitos exigidos por las bases reguladoras para acceder a las ayudas", dado que hay empresas que no han acreditado el requisito de ingresos mínimos (facturar 200.000 euros o captar 300.000 euros de capital), y que "se está pagando el mismo importe de incentivos si el trabajador es contratado por una o dos horas diarias como si es contratado a tiempo completo". Esta cuestión no fue prevista por las bases reguladoras de las ayudas, de forma que contratar a dos trabajadores a tiempo parcial permite acceder al mismo incentivo que contratarlos a jornada completa.

Por otra parte, dado que las bases tampoco prevén ninguna justificación del coste en el que incurren los beneficiarios de la ayuda, Intervención ha constatado que en los tres expedientes analizados "el importe de la ayuda ha superado a la suma del coste de personal contratado y del alquiler de espacios a los que el beneficiario se había comprometido en el contrato de donación modal". Es decir, en los tres casos analizados se ha producido un exceso del incentivo concedido en relación con los costes de las empresas, o lo que es lo mismo: han ganado dinero simplemente con instalarse en el Distrito Digital. En cuanto a la rentabilidad económica de los incentivos, Intervención cuestiona su eficacia, dado que para los tres expedientes seleccionados, la diferencia entre el incentivo percibido y el coste del alquiler que han pagado a SPTCV es de -84.635,15 euros.

Indra empezó a pagar tres meses después

En cuanto a los procedimientos de contratación, Intervención considera que "la gestión económico-financiera se ha realizado de forma razonable en relación con la normativa aplicable", aunque se han detectado algunos incumplimientos. Así, Intervención señala que se han llevado a cabo contratos externos "que vienen a suplir la carencia de medios personales para gestionar servicios de forma directa", aunque con "las cautelas necesarias para impedir la consolidación de las personas contratadas". También se apunta como incumplimiento que SPTCV condonase cuatro facturas por valor de más de 4.000 euros a un deudor (una de las empresas que se fue del Distrito).

Con todo, el incumplimiento más llamativo que reseña la Intervención es el hecho de que Indra, una de las dos grandes empresas que llegaron al Distrito Digital en los inicios del proyecto, comenzó a utilizar los servicios del proyecto el 1 de enero de 2019, pero sin embargo el contrato de vinculación no se firmó hasta el 1 de abril. Así, Indra estuvo tres meses sin pagar por su estancia, aunque la auditoría especifica también que "se liquidan (en el propio contrato) los atrasos de conformidad a las tarifas".

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