BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo lunes en el pleno los pliegos de condiciones del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Un servicio que lleva desde 2018 con el contrato caducado y prorrogado. Las discrepancias entre técnicos municipales en el último año han hecho que el nuevo documento no se haya podido debatir hasta ahora. Y sigue sin gustar a una parte, ya que Intervención ha emitido un nuevo informe de fiscalización en el que mantiene seis reparos, aunque sin carácter suspensivo. Ahora se plantea por 15 años y 328 millones de euros.
En las conclusiones del escrito, firmado el pasado 12 de diciembre, el interventor accidental siembre la duda. Así, afirma que la suma de todos los reparos en su conjunto "hace que la licitación esté sometida a un grado de discrecionalidad incompatible con los principios de salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa". Es por esto que a su juicio deberían de redefinirse los pliegos.
A su vez, pide que se apliquen las medidas propuestas de financiación en caso de que continúen con el expediente. Todo ello para poder cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, eficiencia y eficacia, en el marco establecido por la Ley Orgánica 2/2012.
El alto funcionario señala que el expediente presenta aspectos que no son conformes a la normativa aplicable, de ahí los reparos. Una circunstancia que se repite desde que se presentó la primera propuesta, y que enfrentó a varios departamentos. Es por esto que el gobierno local optó por enviar el expediente a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para que analizara el caso desde fuera. Este finalmente resolvió que los reparos de Intervención no tenían entidad para suspender el procedimiento.
Pero, ¿a qué se refieren estos reparos? En primer lugar habla del plazo de duración, que se establece en 15 años más uno de transición. Para Intervención no está justificado que supere los ocho o diez años, que es lo que propone. También censura la inversión en una base logística puesto que la adquisición del terreno no se ha ejecutado antes de la licitación y eso imposibilita que las empresas conozcan el alcance económico y crea inseguridad al no saber si dispondrán de la parcela.
También pone el foco en aspectos técnicos del anteproyecto de explotación, factores indicativos de los servicios y los criterios para la adjudicación. Además, discrepa con que el técnico que ha redactado el pliego sea uno de los integrantes de la mesa de contratación.
Tal y como recoge la resolución a la que ha tenido acceso este diario, la propuesta a pleno incluye el inicio del expediente de modificación de ordenanzas fiscales del IBI y la conocida como tasa de la basura. Unos cambios introducidos para hacer frente al aumento del gasto que supone este nuevo contrato, según dice el interventor. Esto implica que para antes de 2025 el Ayuntamiento debe incrementar la recaudación del IBI en 1.575.527,05 euros, y el año siguiente, 1.592.321,05 euros, acumulado al anterior.
En cuanto a la tasa de basura, antes de 2024 el aumento será de 3.397.111,06 euros, un año después otros 2.016.282,40 euros más, y finalmente en diciembre de 2026 será de otros 2.035.617,07 euros adicionales.
El concejal del PSOE encargado de los asuntos de Contratación, Antonio Charco, se ha pronunciado al respecto señalando el asunto como "un escándalo", además de por llevar el pliego con reparos al pleno, por prever "un nuevo sablazo a los contribuyentes de más de 10 millones de euros". Una cantidad que se añade a la reciente subida aprobada del IBI un 23% y de la basura un 72%. “Al final, tendremos que pagar entre todos estos 26 millones de euros de más, unos 1.000 euros por hogar, por un nuevo contrato sobre el que el departamento económico municipal sigue teniendo muchas dudas”, ha recalcado.
En este sentido, ha detallado que los contribuyentes "pagarán en tres años un 140% más por la tasa de basura que lo que han pagado en 2023, y un 33% más por el recibo del IBI".
Para finalizar, el edil socialista ha señalado que Intervención continúa cuestionando los criterios de adjudicación y la duración del contrato, fijada en 15 años más uno de transición, puesto que con esta duración “nos encontraremos los últimos 5 años con una maquinaria obsoleta y con unos costes de mantenimiento exagerados y en condiciones muy precarias con numerosas averías que incidirán en la calidad del servicio prestado”.