ALICANTE, (EFE). Intersindical Valenciana se personará contra el recurso y la suspensión cautelar interpuestos por el sindicato CSIF contra el decreto que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración valenciana, un instrumento que considera necesario.
Según argumenta Intersindical en un comunicado, la reciente encuesta publicada por la Generalitat Valenciana confirma que el uso del castellano es mucho mayor que el valenciano en la Administración de la Generalitat.
El sindicato justifica su decisión de personarse contra el recurso del CSIF en que "desde los sectores más reaccionarios de la sociedad se está intentado obstaculizar cualquier mínimo avance en el uso y el conocimiento del valenciano", como evidencian "los recursos contra el decreto de plurilingüismo o este contra el Decreto de usos institucionales y administrativos".
Respecto de la suspensión cautelar pedida por el CSIF, Intersindical considera que "no aporta ningún motivo que justifique esta paralización, más allá de la falaz argumentación que las lenguas oficiales están suficientemente amparadas por la legislación actual y que no hace falta este nuevo decreto".
El sindicato asegura que sin embargo "no hacen ninguna referencia a las numerosas demostraciones fehacientes de que el uso del valenciano es mínimo en la administración de la Generalitat Valenciana", o que a estas alturas los derechos lingüísticos de los valenciano hablantes no están garantizados.
Recuerda además que este decreto es un mandato pendiente de desarrollar desde la publicación de la Ley de uso y enseñanza del valenciano en 1983, y "un mandato de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias", firmada por España el 1992 y ratificada el 2001.
Señala además que el recurso "obvia" que no hace falta la medida cautelar de la suspensión, dado que el Decreto no entra en vigor hasta los 6 meses de la publicación en el DOGV, es decir, hasta los 25 de noviembre de 2017.
"Hay que destacar la extrañeza que produce el recurso y la petición de suspensión cautelar hechos por CSIF, puesto que en el momento que el proyecto de decreto estuvo a exposición pública no hizo ninguna aportación", añade Intersindical.
Defiende por último que se personarán en el procedimiento para "defender los derechos lingüísticos de los valenciano hablantes, los de los empleados y empleadas públicos, y por la mejora del servicios de la administración de la Generalitat Valenciana".