ELCHE. La Mesa de Trabajo de la Economía Sumergida volvió a reunirse el martes, tras más de un año paralizada, ya que no se reunía desde diciembre de 2016. En la reunión estuvieron presentes miembros del equipo de gobierno como el alcalde Carlos González, el edil de Promoción Económica Héctor Díez y el de Participación Ciudadana Felip Sánchez, además de la Directora General del Servef, Rocío Briones, representantes de las centrales sindicales y de distintas asociaciones empresariales. En ella se ha presentado el informe que se encargó a la Universidad Miguel Hernández (UMH) sobre la economía sumergida en Elche y la percepción que tiene de ella la ciudadanía. Entre las actuaciones que se van a tomar, barridos de Trabajo por los polígonos industriales y campañas de concienciación.
El estudio de la universidad se ha hecho mediante 658 entrevistas en barrios y pedanías, y ha arrojado datos como que el 90% opina que las prácticas de economía sumergida en Elche son frecuentes o muy frecuentes, lo que deja a la luz una “percepción” interna de que la economía sumergida no supone fraude fiscal. También señala el informe que a mayor nivel de estudios, menor es el grado de responsabilidad de la ciudadanía percibido por los encuestados. Asimismo, también hay altos porcentajes que indican que viven esta economía sumergida con normalidad, que afectará a futuros pensionistas o que incide en la competencia desleal, ya que perjudica a aquellas empresas que trabajan legalmente.
Por otra parte, otro dato interesante es que la mayoría piensa que estas prácticas tienen lugar en el calzado (81,5%), aunque no es en este sector únicamente. Se percibe también un alto grado en los servicios domésticos (72,2%), reparaciones domésticas (65,8%), cuidados de personas mayores (62,9%) u hostelería (53,6%), por lo que el histórico sector ilicitano no es el único sumido en esta problemática. Con estos datos, y según lo indicado por los participantes en la mesa, hay consenso en que la economía sumergida es una cosa de los diferentes sectores, como explicó el alcalde, Elche está en una media similar a la autonómica y la nacional. Como conclusiones, indicó que esta lacra influye en la pérdida de derechos individuales y de distorsión de la competencia empresarial, además de suponer un “fraude social y fiscal”.
Ante esta tesitura, una de las principales novedades es la de que en el convenio anual tripartito entre Conselleria y el Ministerio de Trabajo, se ha roto el desbloqueo que había con la Inspección de Trabajo por tema de presupuestos, así que la Inspección se implicará activamente en cuatro campañas. La primera de ellas empezará en abril, haciendo un barrido por los diferentes polígonos de la ciudad, buscando irregularidades en materia de contratación, siniestralidad, salud laboral o igualdad. Según Briones, son “barridos” que se deberían hacer sin sanción, algo con lo que discreparon algunos empresarios, que indicaron que no denunciarían a otros, pero entendieron que sin sanción no habrá cambios, como señalaron también desde el sindicato CC.OO. En la parte municipal, se intentará cambiar la cultura, con campañas publicitarias para concienciar acerca de lo perjudicial que es la economía sumergida.
Por otra parte, desde CCOO explicaron que la muestra quizá no es muy amplia para conocer esa percepción, y que están de acuerdo en negociar, “pero habrá que actuar”. Y es que como indicó el representante sindical en la mesa, Antonio Ferrández, “Elche es una ciudad industrial, pero los servicios superan a las fábricas de calzado, hay muchas distribuidoras, pero aquí se fabrica poco”, por lo que al menos en lo referente a calzado estimaron oportuno que hay que actuar ya. “En la construcción no hay tanto fraude porque hay una ley de subcontratación, hay unos parámetros que seguir, mientras que en el calzado sólo se habla de responsabilidad social, algo que se queda muy etéreo y dependiente de cada directivo”, aseveró Ferrández.
En este sentido, plantearon en la mesa la necesidad de actuar entre las empresas y los talleres clandestinos a los que se destina parte de la producción. “Hay medios, pero hace falta voluntad de actuar desde los poderes públicos. La policía local no puede actuar en estos talleres, pero sí puede indicar dónde están para que actúe la Inspección”. A este respecto, señaló que otro gran problema es la falta de recursos y de medios de la propia Inspección de Trabajo, ya que Alicante es una de las provincias más dinámicas del país por su actividad den turismo, industria o agricultura, entre otros sectores. En cualquier caso, con todas las posturas y propuestas que hay sobre la mesa, ahora hay dos semanas para llegar a un consenso en torno a una declaración institucional entre todos los agentes implicados. Una vez acabado el manifiesto, se hará público y se empezará a trabajar con las campañas mentadas.
