MADRID (EFECOM). La industria española cree que tratar de prevenir procesos de cierre que ya son irreversibles "tal vez no sea el mejor uso de dinero público", y aboga por crear un contexto de competitividad adecuado para que las empresas sean rentables y "nunca lleguen a verse en esa situación".
"Cuando una industria anuncia un cierre no es porque le guste, sino porque no se ha sido capaz de mantenerla siendo competitiva. Es, por tanto, un fracaso colectivo", explica Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.
En nombre de esta Alianza, que representa el 60% de la producción industrial española, Reinoso valora para EFE el borrador del anteproyecto de la Ley de Industria, un texto esperado -sobre todo, si se tiene en cuenta que el actual data de 1992- que añade un concepto de plena vigencia como es el de autonomía estratégica.
"Es una ley muy importante que llega en un momento crucial", señala optimista Reinoso, que valora positivamente que el Gobierno esté allanando el camino para que la industria en España cuente con un marco normativo actualizado.
Sin embargo, los 'peros' comienzan a surgir. Y es que entiende que el borrador introduce mejoras relevantes, aunque "todavía está lejos de ser lo que tiene que ser", pues necesita "mayor nivel de ambición y de concreción, porque no es una ley cualquiera".
Lo defiende así la Alianza, constituida por grandes patronales como son Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).
La futura ley, que aspira a perdurar con independencia de quién gobierne en las próximas legislaturas, busca sentar las bases de la política industrial de España. Es por ello que incluye, sin explayarse, un abanico de mecanismos a desarrollar próximamente.
Esto preocupa a la industria, que no oculta los recelos ante un posible "tsunami regulatorio". No obstante, si algo le inquieta "incluso más es que no pase nada después de la ley".
"Hay todavía mucho recorrido para aterrizar cuestiones concretas. Y si las hay que, por su nivel de detalle, se considera que deben desarrollarse mediante reglamentos específicos posteriores, lo mínimo es que se indique que dentro de 'x meses' el Gobierno tendrá una propuesta", prosigue Reinoso.
El portavoz de la Alianza insiste. "El tiempo está corriendo (...) Tenemos regiones como EE.UU., con su IRA (o Ley de Reducción de la Inflación), o China, que siempre ha hecho políticas muy activas, por no decir agresivas, de defensa de su industria".
De modo que si en España "no igualamos o redoblamos la apuesta, perderemos el tren de competencia internacional".
Reinoso aterriza las propuestas de la Alianza, que sostiene que si lo que pretende la nueva ley es "la necesaria y deseable reindustrialización del país, debe contar ya con la dotación y los compromisos de recursos humanos y financieros".
Sobre lo último, ve "imprescindible" que España "decida ya que va a mantener una línea de apoyo a la inversión industrial realmente ambiciosa de manera permanente" que, además, "vaya más allá de lo que son los (fondos europeos) Next Generation".
No sólo en fecha de caducidad (teóricamente éstos acaban en 2026), también en lo referente a todas las limitaciones "que han venido derivadas o impuestas en la gestión de esos fondos, en plazos, en formas, en para qué sí y para qué no".
"España tiene que hacer lo que otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, que procesos tan ambiciosos y exigentes a nivel de inversiones como la descarbonización sean dotados de manera permanente con una visión a largo plazo. Y con fondos nacionales", recalca.
La ley incorpora, por otro lado, la figura de la Recapi, una reserva para asegurar el suministro de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico en tiempos de crisis o pandemias.
"¿Vamos a mantener producciones aunque no sean rentables, de manera no sé si forzada o estimulada o dopada? No acabamos de entender el modelo", dice el portavoz de la Alianza.
Desde su punto de vista, la autonomía estratégica "pasa mucho más por crear cuestiones de competición interesantes para atraer de manera natural las inversiones, que por forzar artificialmente las reservas en productos".
También se pronuncia sobre la creación de un Comité de Inversiones Estratégicas que dependerá de Moncloa, donde encuentra una dicotomía.
De un lado, la implicación de la Presidencia del Gobierno en una ley que debe ser horizontal, no sólo del Ministerio de Industria y Turismo, es "muy interesante".
Pero "la selección política de lo que es y no es estratégico en la industria nos parece problemático en principio, porque creemos en las reglas de mercado, en la economía y en la capacidad de las empresas de competir".
En relación con el trámite parlamentario que comenzará una vez que el texto reciba el visto bueno del Consejo de Ministros, la Alianza prevé que el consenso político "dependerá, en gran medida, de que muchas de estas cuestiones queden reflejadas".
Eso sí, Reinoso vaticina que, para ciertos grupos, será muy importante "cuál es el encaje de las comunidades autónomas en todo este proceso".