VALÈNCIA (EFE). La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que representa el 60% del producto industrial bruto español, valora el borrador del anteproyecto de Ley de Industria, en trámite de audiencia pública, aunque reclama una "mayor concreción" en las medidas y herramientas en las que deberá materializarse.
En una nota remitida este martes, la Alianza, compuesta por patronales como Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química), Sernauto (componentes) o Unesid (siderurgia), insiste en la necesidad de reindustrializar el país, y pide actuaciones en ámbitos "estratégicos" como el energético, la logística y el transporte y la innovación.
Asimismo, considera esencial establecer, en el seno del Ejecutivo, una Comisión Delegada para Asuntos Industriales y la obligatoriedad de realizar un análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria.
"Las intenciones que muestra el Gobierno para atraer y establecer grandes proyectos industriales en España es positiva", sostiene el portavoz de la Alianza, Carlos Reinoso, que avisa de que, no obstante, sin la debida concreción y los recursos necesarios se corre el riesgo de que se quede "en eso, en intenciones".
Desde su punto de vista, es clave establecer plazos concretos para la implementación de medidas, así como que la futura ley se comprometa a destinar recursos, tanto humanos como financieros.
La Alianza aspira a que sus alegaciones "sienten las bases" para trabajar en enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria, y reitera que "una falta de ambición en el nuevo marco legislativo conllevaría perder la oportunidad de una verdadera reindustrialización de España".
El Gobierno confía en que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que sustituirá al articulado de 1992, pueda aprobarse a lo largo del último trimestre de este año, una vez supere el trámite parlamentario tras su paso por el Consejo de Ministros.
Por lo pronto, los agentes más representativos que se verán afectados por la futura norma podrán presentar alegaciones al texto del anteproyecto de ley hasta el próximo jueves 11 de julio.
A continuación, se consultarán tanto al Consejo Económico y Social, como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado.
Fuentes del Ministerio prevén que estos órganos vayan trasladando sus informes entre julio y principios de septiembre, para después elevar el documento al visto bueno del Consejo de Ministros.
Superada esta fase, posiblemente en septiembre, comenzaría el trabajo parlamentario. Las mismas fuentes admiten que el objetivo sería poder aprobar el texto a lo largo del último trimestre de este año.