La implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Benidorm, sin fecha: el PP pide seguridad jurídica

BENIDORM. El gobierno de Benidorm, del PP, junto a Ciudadanos -en la oposición- van a presentar una moción a pleno el próximo lunes para instar al Gobierno de España a que aplace la obligación de implantar las medidas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Como ha venido contando este diario, el Consistorio ya tiene su proyecto aprobado y en muchos puntos ejecutados o en proceso. Sin embargo, el concejal de Escena Urbana, José Ramón González de Zárate, explicó a este diario que de momento no tienen fecha para su aplicación efectiva. Una petición parecida a la realizada hace semanas por el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Por lo que respecta a la ciudad turística, los populares y Cs piden con carácter urgente que se acuerde el aplazamiento de la obligación de implantar las ZBE antes de 2023 en los municipios de más de 50.000 habitantes y en los de más de 20.000 cuando superen los valores límite de los contaminantes regulados por Real decreto.

La moción argumenta que el Gobierno central no ha realizado todavía el desarrollo reglamentario de la norma que obliga su implantación: "No se ha concretado el mandato genérico de establecimiento de las ZBE". Por lo que reclaman que se establezcan los requisitos mínimos para cumplirlo "aportando seguridad jurídica a los usuarios, empresas y la ciudadanía en general".

Así, aluden a las fechas actuales y la "imposibilidad" de cumplir con lo establecido en la ley por parte de los ayuntamientos. Motivo por el cual creen "necesario y urgente" que se apruebe una moratoria del plazo de entrada en vigor.  El cuerpo de la moción señala igualmente que el hecho de no tener aprobado el Real Decreto que regula las ZBE está generando “una incertidumbre innecesaria a las Entidades Locales” lo que implica que “se puede poner en riesgo los fondos europeos asociados a la entrada en vigor de las mismas”.
La propuesta añade la reclamación de que, en aras a la autonomía municipal, cada entidad local “debería tener la libertad de decidir si la creación de una ZBE es una medida efectiva para conseguir el objetivo de luchar contra la contaminación o no” de forma que estas entidades locales tengan “la libertad de delimitar su alcance y condiciones para cumplir así el principio de autonomía local”.

Otro motivo que se expone en la moción es que la adopción de medidas como la creación de ZBE en el actual contexto de crisis “puede suponer un serio problema para muchas familias y empresas, vulnerables económicamente, que se verán obligadas a sustituir sus vehículos por otros menos contaminantes y, sin embargo, no pueden afrontar dicha renovación”.

En proceso

Como se recordará, el Consistorio ha ido licitando las obras para preparar a la ciudad sobre las nuevas consideraciones para reducir la contaminación. Hace mes y medio comenzaban las obras en la zona de Poniente para adaptar la avenida de la Armada Española en el tramo que va desde la avenida de Xixo hasta la rotonda de Cruz Roja. Tal y como se explicaba en su momento, el objetivo de esta actuación es potenciar el empleo de medios blandos de movilidad -bicicletas y vehículos de movilidad personal- y desplazar el vehículo privado hacia aparcamientos disuasorios más alejados del centro urbano como puedan ser los de Xixo o la avenida Beniardá. Para ello, se prevé la creación de plataforma única, así como actuaciones para incentivar el uso de la bicicleta y minimizar las emisiones de CO2. 

Asimismo, el grueso del proyecto viene con la licitación en septiembre pasado de las obras para la implantación de la ZBE en toda la ciudad, abarcando 74 hectáreas y con un presupuesto de 3,4 millones y con un plazo de ejecución de un año. Así que es evidente que las cuentas no dan, de momento.