Foto: GVAVALÈNCIA (EP). El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, Sebastián Cucala, han firmado este lunes un convenio de colaboración para mejorar las condiciones de gestión de los edificios en régimen de propiedad horizontal que presentan vulnerabilidad social, económica y arquitectónica.
Illueca ha destacado que en su departamento son conscientes de los tiempos "complicados" que "multiplican" los problemas sociales y económicos que "incrementan" las situaciones de vulnerabilidad. "De ahí que sea fundamental poner a disposición de las comunidades más vulnerables mecanismos para que puedan regularizar sus situaciones administrativas y, de esa manera, acceder a todas las ventajas que esa normalización puede suponer, como son las ayudas públicas en el ámbito de la vivienda", ha insistido.
El conseller ha destacado las dificultades que tienen estas comunidades para gestionar estos fondos, que señala que, durante los últimos 40 años, podrían haber sido "mucho más útiles" si se hubiera mejorado la capacidad de absorberlos y que, además, "muchas veces" se han perdido en proyectos "inútiles".
Por otro lado, la segunda problemática en la que ha incidido el conseller tiene que ver con la situación de vulnerabilidad "económica", "social" y "arquitectónica" que existe en muchas comunidades de propietarios y que, según apunta, como consecuencia de esa situación de vulnerabilidad, muchas veces "ni siquiera" están constituidas como tales, lo que las deja "al margen".
"Al final acaba siendo un circulo vicioso en el que quienes más necesitan las ayudas públicas se ven excluidas porque no tienen la infraestructura, el asesoramiento ni las herramientas administrativas para poder beneficiarse de ellas", ha resumido.
En esta línea, ha agradecido "el compromiso e implicación" del Colegio de Administradores de Fincas ya que, con este convenio, "ayudará a resolver el abismo social que hay en determinados sectores de la sociedad, sectores que son los que más necesitan a la Administración, pero que suelen ser lo que más alejados están de ella por culpa de la burocracia".
Por su parte, Sebastián Cucala ha asegurado que este convenio es "altamente positivo" debido "principalmente" a dos factores. Por un lado, "por el respaldo institucional a la función del administrador de fincas colegiado como agente fundamental para atender las necesidades de los propietarios y de los inmuebles constituidos como comunidades". Y por otro, dada "la implicación de los administradores en la atención de las necesidades de las comunidades vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad".
En la firma del convenio también ha estado presente el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar; la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto; el director general de Calidad y Rehabilitación, Alberto Rubio; el director general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda, Marc Aparisi, así como la vicepresidenta de los administradores de fincas, María del Mar Rodríguez.
Cucala, preguntado por la posibilidad de un aumento de la morosidad como consecuencia de la inflación por la que está atravesando el país, ha señalado que aunque "aún es pronto" para hacer una valoración, la previsión "desafortunadamente" es que hacia finales de año "sí" que se notará un "repunte" de morosidad ya que, según ha valorado, estas situaciones, cuando se han producido a nivel económico, han terminado "repercurtiendo" en el ámbito comunitario, que es "muy sensible a las situaciones económicas de las familias que terminan haciendo que las comunidades sean las damnificadas en ese sentido".
Para optar a estas ayudas, los edificios tienen que cumplir tres condiciones: una antigüedad superior a 30 años, estar en una área urbana "sensible" y no disponer de contrato de servicios en vigor con un administrador de fincas.
A través del convenio, que fue aprobado por el Consell el pasado julio, la Vicepresidencia Segunda subvenciona con 140.000 euros los gastos de administración de fincas de las comunidades que requieran estos servicios. Un acuerdo que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
Como precedente a la iniciativa de "administradores de oficio" en 2020 se suscribió un convenio entre el Ayuntamiento de Gandia y el Colegio de Administradores de Fincas. En la actualidad ya hay en la capital de la Safor más de 30 comunidades que reciben los servicios del administrador de oficio.
A continuación, la ciudad de Castelló de la Plana también se sumó a esta iniciativa que, ahora, con este convenio, se extiende al conjunto de la Comunitat Valenciana.
