Illueca no quiere pagarés 'truchos'

ALICANTE. La segunda subasta del Elche ya está en marcha. Por delante, 15 días en los que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) espera recibir ofertas por el derecho de crédito que mantiene contra la Fundación del club franjiverde.

La comisión de inversiones celebrada este lunes no deparó grandes sorpresas y el pliego, tal y como ya había adelantado el director general del banco del Consell en su rueda de prensa de hace tres semanas, establece que los interesados han de garantizar el cumplimiento de la decisión de recuperación y asumir, como mínimo, el agujero de 12 millones de euros que la Fundación del Elche causó en las arcas públicas (inicialmente eran 14 pero el club devolvió ya dos millones en 2014). 

El IVF exige una aval bancario a primer requerimiento de 4.150.000 euros para asumir el pago de la suma que reclama la Comisión Europea al club franjiverde (si el Tribunal General de la Unión Europea desestima su recurso); pero un aval en el que el avalista sea un banco de la Eurozona, es decir, que cuente con la protección del Banco Central Europeo, advierten desde el Consell.

El brazo económico de la Generalitat también obliga a garantizar el pago de al menos la mitad de la deuda de 12 millones de euros (11.800.000, una vez descontado el pago inicial de 137.000), bien con otro aval bancario de las mismas características, bien con otras garantías como bienes muebles (las acciones hoy en manos de la Fundación, por ejemplo) o inmuebles (el estadio Manuel Martínez Valero).

Si bien se admite el pago fraccionado de esos 12 millones en un plazo máximo de 15 años, con cuotas de importe condicionado a la categoría que milite el primer equipo franjiverde, además de establecer una suma mínima (50.000 euros en Segunda B; 375.000 euros en Segunda A; y 2.000.000 si milita en Primera) que los interesados, obviamente, pueden (deben) mejorar en su oferta, a los ocho años se han de haber pagado al menos cuatro millones.

Por cierto, el IVF advierte que los gastos de procedimiento, que pueden ascender hasta un máximo de 284.941,88 euros, también ha de asumirlos el adjudicatario.