¡¡Hasta las narices!!

La ministra Isabel Celaá ha anunciado hace unos días las líneas maestras de su próxima política educativa. La supresión de las reválidas implantadas por la LOMCE del polémico Ministro Wert, un nuevo ideario de la Formación Profesional y el peso de la asignatura de religión en el curriculum son los aspectos destacados y los temas de “ida y vuelta” según gobierne el PSOE o el PP. Cada vez que hay un nuevo gobierno vuelven dos tipos de actuaciones, la primera, la de hacer borrón respecto a lo legislado por el gobierno anterior, la segunda, la de ensayar nuevos experimentos. La comunidad educativa no está harta, sino lo siguiente.

Cuando se anuncia nuevas medidas en materia de educación, se genera incertidumbre y desasosiego durante el tiempo que transcurre desde que el globo sonda se lanza a la opinión pública, hasta que el proyecto se transforma en el documento legal que amparará su posible aplicación. Además como la gestión educativa está transferida a las Comunidades Autónomas, pues nada, cada comunidad, dentro de su marco de gestión empieza a realizar sus propios experimentos ajustados a su margen de libre disponibilidad sobre el desarrollo legislativo de la materia cuya gestión compete.

En el proceso de implementación intervienen múltiples actores, los políticos, los gestores, los centros educativos, los padres y madres y los estudiantes, los principales destinatarios de la “chapuza” que se haya decidido repentinamente impulsar en un momento de “inspiración gubernativa”, y por cierto, los más olvidados en la cadena de decisión.

Antes de que prosperara la moción de censura que ha dado el gobierno al PSOE, se aprobó la LOMCE de Wert, y las polémicas reválidas y en algún colegio, se implantó de modo experimental sin valor académico. Ahora la nueva Ministra de educación vuelve a decir que se suprimirá las reválidas, lo que me parece perfecto, pues el sistema tiene procesos de sobra para “evaluar” los conocimientos del alumnado durante el ciclo formativo o curricular, pero lo que enfada y mucho a la comunidad educativa son las ocurrencias políticas inesperadas y sin testar previamente los resultados antes de lanzarlas al debate político.

También en el ámbito universitario se hacen “experimentos”. En el año 2010 todas las universidades españolas se vieron obligadas a transformar los títulos universitarios que habían regido toda la vida, para adaptarlos al Espacio Europeo. Las carreras que siempre habían durado cinco cursos, pasaron de la noche a la mañana a ser de cuatro años. Imaginen el esfuerzo de reducir diferente materias para ajustarlas a un curso menos. Pero añadan la complejidad de las Universidades para poner en marcha  los nuevos títulos, el empeño de los profesores para adaptarse al nuevo marco y el trastorno que provocó el periodo transitorio de ajuste donde coincidió temporalmente Licenciaturas a extinguir con nuevos Grados a implantar. Era septiembre de 2014 cuando se graduaba la primera promoción del nuevo Plan, todavía no se sabía sus posibilidades de éxito, y se desconocía datos de inserción laboral. Pues unos meses después al Ministro de Educación se le antojó una nueva reforma que reducía los títulos a 3 años, y permitía que los alumnos se formaran a través de masters de uno o dos cursos, pero menos mal que la Conferencia de Rectores se negó en rotundo a su aplicación.

A los poderes públicos les compete la responsabilidad de ofrecer a nuestros jóvenes la mejor formación, y los mejores instrumentos para ello. Flaco favor se hace, si cada cuatro años o incluso menos, aparecen los parches, las chapuzas, los inventos o los experimentos sobre qué hacer en el siguiente curso académico según se levante el ministro/ministra responsable de la educación de un país. Luego se alarman algunos de que los informes PISA y similares pongan a nuestro estudiantado por debajo de los niveles deseables o que los rendimientos educativos del alumnado sean diferentes según estudien en una Comunidad Autónoma u otra.

Se viene desde hace tiempo reclamando un PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN para que entre todos los afectados y los responsables públicos de todos los colores sean capaces de legislar, aunar, y acordar criterios de futuro, y de largo plazo. Más de una está hastiada de que los políticos piensen en las próximas elecciones antes que en las futuras generaciones.

Victoria Rodríguez Blanco