ALICANTE. Esta semana se han publicado en el BOE las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021. En el mismo, la AEAT detalla cuáles van a ser sus principales líneas de actuación durante este año y anticipa cómo será su relación con los contribuyentes a medio plazo.
En este sentido, el Plan de Control Tributario viene tiempo advirtiendo de lo que es hoy ya una realidad muy importante: la digitalización imparable de la Administración Tributaria y de su forma de relacionarse con ciudadanos y empresas. La tecnología ha permitido a la AEAT disponer de una cantidad ingente de información, alimentada por las declaraciones tributarias e informativas que están obligados a presentar los contribuyentes y muy especialmente por el Suministro Inmediato de Información (SII), que pretende emplear tanto para facilitar la confección de impuestos (la AEAT pretende crear borradores del estilo del que ya existe para el IRPF tanto para el IVA, como para el Impuesto sobre Sociedades), como en la comprobación de las declaraciones que se presenten.
Y es que la Agencia Tributaria ha convertido al “Big Data” en un aliado estratégico para detectar contribuyentes cuyas declaraciones no estén en la media del sector al que pertenezcan. Desde 2019 viene perfeccionando una base de datos con las ratios calculadas de actividad económica representativas de cada sector y segmento económico, lo cual le permite identificar a los contribuyentes cuyas declaraciones no estén en sintonía con lo que se considerará habitual por la AEAT. Cabe indicar que, recientemente, el Tribunal Supremo ha dictaminado que el estar fuera de estas ratios no justifica actuaciones como la entrada por la fuerza en el domicilio de los contribuyentes si bien, es una herramienta que la AEAT ya adelanta que piensa seguir utilizando a la hora de designar candidatos a ser investigados.
Una de las principales novedades de este año es que la Agencia Tributaria priorizará sus inspecciones en las empresas cuya actividad no se haya visto afectada por el covid, lo cual supone anteponer un criterio de eficiencia a la hora de cribar los contribuyentes a investigar (de poco sirve inspeccionar a quien no pueda pagar), sobre los habituales de riesgo. El problema de este tipo de criterios eminentemente recaudatorios es que cuando se investiga a un contribuyente que no pertenece a un grupo de riesgo, la AEAT tiene que recurrir (en no pocas ocasiones) a interpretaciones de la normativa tributaria demasiado forzadas que terminan generando una importante litigiosidad e inseguridad jurídica.
Además, las directrices del Plan recalcan expresamente que las medidas de inspección de este año constituyen uno de los pilares del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno el octubre pasado con el objetivo de reactivar la economía española tras la crisis del Covid, lo cual no viene sino a anticipar una voraz actuación inspectora en los próximos meses.
Otra de las cuestiones a reseñar en 2021 es la voluntad de la AEAT de colaborar con las Comunidades Autónomas a la hora de analizar impuestos autonómicos que tienen efectos en los impuestos estatales y viceversa. Así, por ejemplo, se pretende colaborar en la verificación del cumplimiento de los requisitos para aplicar determinados beneficios en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (o el Impuesto sobre Patrimonio), mediante la comprobación de la principal fuente de renta.
El plan también fija como prioridad para este y los próximos años, la economía digital. La AEAT es consciente de la importancia que ha adquirido en los últimos años el comercio electrónico, algo que la emergencia sanitaria del Covid no ha venido sino a acelerar de forma exponencial, así como la dificultad que su control conlleva, ya que es muy habitual que las operaciones se realicen entre partes radicadas en diferentes países. Por ello pretende impulsar mecanismos de cooperación con el resto de Estados de la UE, que le permitan el acceso a la información y el control de las plataformas de comercio electrónico. Al hilo de lo anterior, también se anuncian actuaciones de investigación sobre la tenencia y operaciones relacionadas con criptomonedas, incluyendo la obligación de declararlas en el polémico modelo 720.
Junto a ello, se vuelve a incidir en las áreas de riesgo que constituyen el gran caballo de batalla de la AEAT de los últimos años, entre las que podemos destacar: la comprobación de multinacionales que aprovechan la erosión de bases imponibles mediante la traslación de beneficios a países de inferior tributación, la inspección de patrimonios ocultos mediante sociedades interpuestas o la utilización de sociedades para evitar la tributación en el IRPF de rentas profesionales, la persecución de la economía sumergida con especial hincapié en las empresas que utilicen un software que permita ocultar ingresos o las que realicen pagos en efectivo.
En el ámbito de Recaudación, la AEAT anuncia que proseguirá con una de las prácticas que más conflictividad ha suscitado en los últimos años, como es la derivación de responsabilidad. De esta forma, pretende exigir a un tercero el pago de una deuda tributaria de otro contribuyente, multiplicando así sus posibilidades de cobro. Ciertamente, no se podrá decir que la AEAT no ha advertido tanto de las poderosas herramientas de las que dispone, ni de las intenciones que tiene para este año. Conviene por tanto asesorarse bien para evitar sorpresas desagradables e inesperadas.
José Mª García Guirao.
Abogado. Socio del Área Fiscal. Devesa y Calvo.
