El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, conversa con el concejal de Tráfico, José Ramón González, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Guanyar no cesa en su empeño para tratar de revertir el acuerdo de pleno aprobado el 25 de octubre en relación al sector urbanístico de Pino y Ruaya, la gran bolsa de 40 hectáreas de suelo todavía por urbanizar que separa Vistahermosa de Santa Faz. La plataforma electoral que lidera Esquerra Unida (EU) ha registrado este lunes una moción, con el propósito de que se debate en el pleno ordinario del próximo jueves 31 de enero, en la que intenta promover que el Ayuntamiento acate el requerimiento formulado en diciembre por la Dirección General de Ordenación de Territorio para revertir el contenido de aquel acuerdo, por el que se aprobaba la delimitación de las fincas de Pino y Ruaya bajo determinadas condiciones urbanísticas.
En concreto, el acuerdo objeto de discusión trataba de llevar a ejecución una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de 1992 por la que se reconocía que dichas fincas debían considerarse suelo urbanizable no programado. A través de ese acuerdo, además, se hacía constar a través de la ficha urbanística de ese suelo que tendría un uso preferentemente residencial con una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea. Es decir, unas 2.300 viviendas, en función de los parámetros que rigen en los sectores colindantes.
La Dirección General de Ordenación de Territorio, dependiente de la Conselleria de Obras Públicas, requirió al Ayuntamiento en diciembre para que corrigiese los términos de ese acuerdo en el plazo de un mes en la medida en que consideraba que excedía de lo previsto en el fallo del TSJ al reconocer unos parámetros de edificabilidad a la que no se aludía en la sentencia del alto tribunal. Como avanzó Alicante Plaza, el equipo de Gobierno, del PP, se posicionó en contra de ese requerimiento y anunció que no tenía intención alguna de rectificar la resolución municipal aprobada en octubre, ya que se apoyaba en los informes y las conclusiones de los técnicos municipales.
Guanyar trató de forzar la convocatoria de un pleno extraordinario para conminar al PP a cumplir el requerimiento del Consell. Sin embargo, esa iniciativa carecía del respaldo necesario para que el PP estuviese obligado a convocar y celebrar dicha sesión. Ahora, Guanyar insiste con una moción con la confianza en que "se apruebe con el apoyo del resto de los grupos de la oposición y que Barcala se vea forzado a rectificar una decisión que afecta a los intereses del presunto corruptor del caso Brugal, Enrique Ortiz, propietario de parte del ámbito territorial de las fincas Pino y Ruaya", según ha recalcado su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón.
En cualquier caso, Pavón ha insistido en que "sólo Guanyar votó en contra del acuerdo plenario cuestionado ahora por la Generalitat", mientras que PSOE y Ciudadanos votaron a favor junto al PP. Compromís se abstuvo. Pavón ha expresado su confianza en que que "al menos tanto PSOE como Compromís apoyen ahora nuestra moción como partidos de gobierno que sustentan el actual Consell del Botànic, que es el que ha requerido a Barcala a rectificar lo que no dudamos en calificar como un clarísimo abuso urbanístico".
