ALICANTE (EP/AP). El grupo municipal de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado este viernes que el equipo de Gobierno del PP aprobó en Junta de Gobierno el pasado martes eximir al empresario Enrique Ortiz del abono de 720.000 de los 850.000 euros en concepto de garantías por la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos en la ciudad, adjudicados en 2003.
Su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, ha indicado que, con el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno, los populares aceptaron las alegaciones de Ortiz para que la empresa en la que está reorganizando la explotación de los aparcamientos que gestiona en propiedad o en régimen de concesión (Aralcayna SL) no aporte las garantías por la construcción y explotación de los tres aparcamientos subterráneos que le fueron adjudicados en 2003 a la sociedad Ortiz e Hijos.
"El 28 de diciembre la Junta de Gobierno aprobó la extraña cesión del contrato entre dos mercantiles del mismo Ortiz, Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA y Aralcayna SL, cesión en la que se estipulaba que se devolvían esos 850.000 euros a Enrique Ortiz e Hijos siempre y cuando Aralcayna depositara previamente esa misma cantidad como garantía del contrato", ha recordado Pavón.
Sin embargo, "ahora no se le exige a la nueva empresa concesionaria de Ortiz que deposite 720.000 de esos 850.000 euros, un dinero que irá directamente a los bolsillos de Ortiz pese a que el periodo del contrato expira el 1 de agosto de 2046 para el aparcamiento de Catedrático Soler y el 13 de febrero de 2047 para el de López de Osaba". El tercer estacionamiento público, previsto en la avenida de Padre Esplá, no llegó a construirse.
Ahora, Guanyar considera que hasta que no expire el contrato y "se liquide el mismo", "no puede devolverse ni un euro de la garantía, cuyo plazo general se estipuló en seis meses contados desde que finalicen las prestaciones, es decir, en 2047". Para Pavón lo que se busca es "adelantar 28 años" la devolución "esgrimiéndose el plazo de 2 años de garantía" para las obras de urbanización en superficie y "pretendiendo equipararlas a las obras de construcción del estacionamiento que son las realmente importantes y cuyo plazo de garantía se extiende a seis meses después del fin del contrato, en 2047".
Asimismo, Pavón ha asegurado que la aceptación de las alegaciones de Ortiz se ha tomado "sin el informe preceptivo de Intervención". Según el portavoz de Guanyar, Intervención señala en un escrito del pasado 27 de febrero que "el expediente se fiscalizará cuando esté completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente".
Y continua Pavón: "De hecho la propuesta de acuerdo aprobada por la Junta de Gobierno tiene fecha de 19 de febrero de 2019, anterior a la del escrito de intervención, que parece no haber sido tenido en cuenta". Por todo ello, Guanyar ha exigido al alcalde, el popular Luis Barcala, que anule de oficio el acuerdo que perdona a Ortiz 720.000 euros de la garantía que debe depositar y que "en todo caso, el expediente se retrotraiga al momento en el que debió incorporarse el informe de fiscalización de Intervención". "No podemos olvidar que estamos hablando de un financiador ilegal confeso del PP en el caso Gürtel y de un presunto corruptor urbanístico en el caso Brugal, dos casos de corrupción que afectan de lleno al PP", ha recordado.
Por su parte, la edil de Contratación, la popular María Dolores Padilla, ha replicado que "no se le ha devuelto ninguna garantía a la mercantil Aralcayna S.L.U , lo que se está tramitando por el área de contratación es el expediente de cesión de contratos, acorde a la ley, y con el visto bueno del interventor y de asesoría jurídica por lo que no hay motivo para negarlo".
"Lo que se ha aprobado es el inicio del expediente para la devolución de la garantía de las obras, y todavía está en fase de tramitación ya que se tiene que informar por el servicio de trafico", ha aseverado Padilla.
En contrarréplica, Pavón ha apuntado este sábado que las explicaciones de la edil de Contratación "no tienen ni pies ni cabeza". "Se ve que no lee las propuestas de acuerdo que aprueba en la Junta de Gobierno. Negar lo evidente es mala estrategia. Lo que deberían hacer es rectificar como con lo del contrato de asistencia técnica para evaluar la calidad del servicio de limpieza", ha concluido.