El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, muestra los planos respecto al proyecto de 2016.ALICANTE. Guanyar se aferra a la bandera de la prevención para tratar de impulsar un nuevo frente social e institucional (similar al que se coordinó en torno al proyecto de planta de producción de biodiésel, ya rechazado; o a la operativa de carga y descarga de graneles, ahora canalizada hacia las naves cerradas) que evite el posible desarrollo de una actividad económica "potencialmente peligrosa" en el Puerto de Alicante. En ese frente, según el portavoz municipal de la formación, Miguel Ángel Pavón, deberían posicionarse el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, además de la propia Autoridad Portuaria, a la vista del precedente similar que ya se registró en el puerto en 1995: la firma de un convenio de colaboración por el que se acordó el traslado de los depósitos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CHL) desde suelo portuario hasta la partida de El Bacarot.
Por partes. El nuevo proyecto, ahora en exposición al público para la presentación de alegaciones, contempla la instalación de hasta 18 depósitos para el almacenamiento y distribución de combustible en el muelle 19. Dicha propuesta, según concretó Pavón, se desarrollaría en dos fases "de manera hasta cierto punto fraudulenta, ya que eso dificulta el análisis ambiental del proyecto global". Así, concretó que en una primera etapa, con una inversión de 5,7 millones, se incluiría la construcción de seis silos con una capacidad total de 110.000 metros cúbicos para el almacenaje de gasolinas, gasóleos, queroseno de aviación y biocarburantes (el equivalente a unas 100.000 toneladas, según explicó). Esos seis primeros depósitos se asentarían sobre 14.000 metros cuadrados del muelle 19, gestionados por la compañía Terminales Marítimas del Sureste (TMS) en régimen de concesión.
La segunda fase, a desarrollar a medio plazo con otro desembolso de 30 millones, incluiría la construcción de otros 12 depósitos más, con una capacidad de 50.000 metros cúbicos cada uno, sobre una superficie adicional de otros 40.000 metros cuadrados. Así, según los cálculos de Pavón, se trataría de "un macrocomplejo de almacenamiento de combustible con una capacidad de más de 700.000 toneladas", en el que, "según la documentación que figura en el expediente", la empresa hace constar "que pretende poder llegar a mover hasta un millón de toneladas de combustibles al año", con la llegada de más de 500 buques y el consiguiente efecto sobre el tráfico rodado que provocaría la circulación de camiones cisterna para su distribución posterior.
Esas instalaciones se situarían en un ámbito de influencia de menos de un kilómetro de distancia respecto a los barrios de Gran Vía Sur, Benalúa, San Gabriel o Ensanche-Autobuses y también sobre el perímetro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Tabarca. Todo "pese a su evidente peligrosidad en caso de fuga o accidente".
El proyecto, impulsado por la empresa XC Business 90 SL, se puso en conocimiento del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el pasado 26 de septiembre, ya que, para su desarrollo, necesita una modificación de la concesión de la que dispone TMS, quien -según Pavón- ya tendría concertado un contrato con XC Business 90 SL. Ese es el trámite que ahora está sujeto a alegaciones (hasta el próximo 12 de noviembre), al que "Guanyar va a acogerse para tratar de que se rechace", aseguró Pavón.
El equipo de Gobierno, del PP, sostiene que por el momento no se conocen los detalles del proyecto, puesto que todavía está en manos de otras administraciones
Con todo, añadió que la empresa impulsora debe superar una tramitación administrativa en la que deberán pronunciarse tanto la Generalitat como el propio Ayuntamiento de Alicante. Según precisó, la propuesta de XC Business 90 SL debe someterse a la criba de la Conselleria de Medio Ambiente, superando el requisito de evaluación ambiental simplificada, y al examen del órgano autonómico competente sobre la prevención de emergencias. Y, además, debe solicitar licencia ambiental ante el Ayuntamiento. En esta línea, señaló que la empresa ya presentó un primer proyecto durante su etapa como concejal de Urbanismo, amparado en el certificado de compatibilidad urbanística que tenía concedido desde el año 2014 para la actividad de comercio al por mayor y almacenamiento de graneles líquidos. Sin embargo, apuntó que después de que él solicitase que los técnicos municipales informasen sobre la necesidad de permisos previos de otras administraciones, ya no volvió a conocer ningún avance al respecto hasta ahora.
Por lo pronto, también avanzó que Guanyar elevará al pleno ordinario de octubre, el próximo jueves, una declaración institucional para que el Ayuntamiento inste a la Autoridad Portuaria y a la Generalitat a rechazar el proyecto, en función de lo previsto en el convenio suscrito en 1995 sobre el traslado de los depósitos de CHL (antes de Campsa). Según Pavón, en dicho convenio firmado por la Generalitat, el Ministerio de Industria y Energía, CHL, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, se expone que "las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante, por lo que las que actualmente posee CLH han de ser trasladadas a otra ubicación". Ese emplazamiento, como recordó Pavón, fue la zona de Els Reiets, en el Bacarot, en la que CLH dispone de instalaciones para almacenar 115.934 metros cúbicos
En esta línea, el líder de Guanyar señaló que ese convenio fue el resultado de la reivindicación social que se movilizó frente a esos despósitos. "La lucha vecinal que concluyó con el traslado al Bacarot de los depósitos que la antigua Campsa tenía en el Puerto no habrá servido de nada si este proyecto va adelante, al igual que la lucha vecinal por integrar adecuadamente el puerto con la ciudad, que tiene sus esperanzas puestas en la construcción de naves cerradas en depresión para manipular graneles pulverulentos, verá cómo se le abre un nuevo e importante frente", añadió.
Fuentes del equipo de Gobierno, del PP, precisaron, también este viernes, que el Ayuntamiento permanece expectante hasta conocer los detalles concretos de la propuesta antes de poder fijar una posición. Las mismas fuentes indicaron que, por el momento, es un proyecto que está en manos de otras administraciones y que, seguramente, serán otras instancias superiores las que deberán concederle autorización.
"Lo que se conoce hasta ahora es que existe una propuesta de modificación de una concesión para una actividad que se asienta en suelo portuario, en la zona más alejada respecto a la zona residencial de la ciudad", señalaron. "En cuanto se conozca un proyecto definido, se analizará, se estudiará y se responderá en consecuencia", insistieron las mismas fuentes.
