BENIDORM. La Fase 2 alcanzada este lunes en la Comunitat Valenciana permite que los edificios abran las piscinas comunitarias. Sin embargo, la mayoría ha decidido mantenerlas cerradas por la normativa a aplicar, que ha echado para atrás la apertura de estas zonas comunes, según explicó el presidente de la asociación de apartamentos turísticos de la Costa Blanca (Aptur), Miguel Ángel Sotillos. Con ello, las reservas en pisos turísticos se han visto perjudicadas.
La teoría dice que la propiedad tiene que controlar el aforo, permitiendo solo el 30% de la capacidad habitual, siempre y cuando esto garantice que haya distancia de dos metros entre los bañistas. Además, se tiene que pedir cita previa para su uso, realizar tareas de limpieza y revisar la calidad del agua constantemente.
Como se decía, unas medidas que ha supuesto que la mayoría haya optado por no abrir. Según explicó Sotillos, las consecuencias más inmediatas está en las reservas. Así, indicó que en las últimas horas están recibiendo llamadas donde, entre otros asuntos, consultan el estado de la piscina, y al conocer que no abrirán, han declinado ir de vacaciones a la ciudad. "Habrá medidas de control en las playas de Benidorm, reducirán el aforo un cuarto para garantizar la distancia de seguridad, y además no hay piscina", lamentaba el empresario ante la situación creada.
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, Augusto Soler, señaló a este diario que hay diversos problemas que afrontan ahora las comunidades por esta normativa, que está equiparada a las piscinas municipales, pero sin tener las mismas oportunidades. Soler indica que muchas de ellas, normalmente las que no superan los 200 metros cuadrados, no están acotadas, lo que les permitiría tener un mayor control, ni tornos, ni dispositivos para dar citas, ni nadie que se encargue de velar por que todo esto se cumpla. Hay que tener en cuenta que las de pequeñas dimensiones no tienen la obligación de contratar cada verano un socorrista, como sí ocurre en las grandes. Por lo que calificó de 'caos' aplicar todas estas medidas para reabrir al baño estas zonas privadas.
Un bañista en una piscina comunitaria de la Comunitat Valenciana. Foto: EFE.
A todo esto se añade que en caso de que quisieran aprobar una derrama para instalar nuevos elementos que permitan cumplir con la norma, se tendría que celebrar una junta de propietarios. Lo que ocurre es que ahora mismo es imposible, no está permitido y muchos de ellos tienen una amplia representación de segundas residencias y no se pueden desplazar entre comunidades autónomas. Por lo que, en caso de aprobarla, se enfrentan a que se la puedan impugnar "porque además pueden decir que ni piensan venir este verano" ante esta situación, apuntó Soler.
Los que lo tienen un poco más fácil son las que contratan cada año a un socorrista. Una figura que contempla el propio BOE para vigilar el aforo. La cuestión será saber el comportamiento entre vecinos para ceder el sitio. Sin embargo, también se enfrentan a algunos inconvenientes económicos, puesto que la compra de material de limpieza no está previsto de años anteriores.
Petición de aclaraciones
Si hay algo claro en esta situación de pandemia, es la incertidumbre y el cambio diario. Algo que está perjudicando a las empresas que trabajan con previsiones de meses. Sotillos anunció que pedirá una reunión conjunta con los administradores de fincas, Turisme, las consellerias de Interior y Sanidad. La finalidad no es otra que saber qué normativas se tienen que aplicar para las piscinas comunitarias, la vigencia de las mismas (si tras el desconfinamiento también habrá restricciones), así como pedir cierta flexibilidad atendiendo a las características propias de la propiedad privada.
Empresas del sector de la vivienda turística consultadas por este periódico señalan que, en general, sus apartamentos están preparados para adaptarse a las recomendaciones del ICTE, también en el caso de las piscinas, pero que luego cada comunidad de propietarios la adapta a su caso particular, de forma que "hay piscinas que no van a abrir, otras que se están acotando, otras donde se va a instalar un sistema de cita previa, etcétera". De esta forma, y cuando la empresa no es dueña del residencial completo, "en cada caso nos adaptamos a las comunidades e informamos de la solución adoptada a los huéspedes, junto con el resto de normas del ICTE que les entregaremos a la llegada y tienen que firmar como que han leído". En cualquier caso, eso sí, el problema se presentará en julio, dado que de momento no pueden venir turistas internacionales y las piscinas están cerradas.
Un bañista en una piscina comunitaria de la Comunitat Valenciana. Foto: EFE. 
