VALÈNCIA (EP). El Gobierno deberá publicar cada año un informe de seguimiento en abril, Annual Progress Report, para dar cuenta del cumplimiento de los compromisos establecidos en su plan fiscal estructural a medio plazo, que abarca los años 2025-2028, aunque fija una senda de gasto hasta 2031, para su posterior evaluación por parte de la Comisión Europea.
Aunque el nuevo marco de las reglas fiscales europeas ofrece a los Estados miembros más margen de maniobra en el diseño de sus planes, también establece un régimen de ejecución reforzado para garantizar que los países cumplan sus compromisos. Así, los Estados miembros presentarán informes anuales de situación centrados en el cumplimiento de los compromisos establecidos en sus planes para su evaluación por la Comisión Europea.
Esto sustituirá al Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas que venían elaborándose desde finales de los años noventa y que también se publicaban a finales del mes de abril. España ha comprometido con la Unión Europea un plan de ajuste fiscal estructural a medio plazo, que pasa por fijar el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3% en un horizonte a siete años, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales de la UE.
Según el Gobierno, el cumplimiento con la regla de gasto planteada en su plan de ajuste garantiza la continuidad de la estrategia de responsabilidad fiscal. Las perspectivas del Gobierno sitúan el déficit público en una senda descendente, pasando del 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025 y al 2,1% en 2026. De acuerdo con las proyecciones más a largo plazo, el déficit se situará en el 0,8% del PIB en 2031.
En cuanto a la deuda, el Gobierno prevé que la ratio sobre el PIB baje del 102,5% en 2024, al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteado por Bruselas.
En el marco de este plan, el Ejecutivo calcula que España tendrá que hacer un esfuerzo fiscal anual de cuatro décimas del PIB de media en un periodo de siete años --unos 6.000 millones anuales-- para cumplir con las reglas fiscales europeas.
Aunque, por defecto, los planes de ajuste se elaboran a cuatro años, los Estados miembro de la UE pueden solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes.
El Gobierno español se ha decantado por extender el horizonte de ajuste a siete años, con un plan a medio plazo que viene acompañado de un programa de reformas e inversiones, que incluye medidas fiscales, de transición ecológica, de transformación digital y de capital físico y humano.
En total, las reformas del plan fiscal tendrán un impacto en 2031 de 3,3 puntos en el PIB y de 2,4 puntos en el recorte del déficit público. De los 3,3 puntos de impacto en el PIB, 1,7 puntos provienen de medidas del Plan de Recuperación y 1,6 puntos de medidas adicionales, concentrándose el impacto en los años posteriores a la finalización del Plan de Recuperación (2,1 puntos entre 2026 y 2031).
En agregado, el impacto incremental en PIB, necesario para justificar la extensión del ajuste, se une al impacto ya incorporado al escenario macroeconómico por el efecto de las reformas del Plan de Recuperación ya observado, sumando un impacto total de 5,7 puntos de PIB en 2031.
Entre estas reformas destacan algunas ya recogidas en el Plan de Recuperación dado su impacto "significativo" más allá de 2024, como la reforma laboral, que en el PIB del 3031 va a añadir dos décimas de crecimiento y eso se va a traducir en una décima de menos déficit, respecto a un escenario sin esta medida.
Otra de las medidas más esperadas es la reforma fiscal, que aún sigue negociando el Ejecutivo con la Comisión Europea de cara al desembolso del quinto pago de los fondos europeos 'Next Generation EU'. El impacto de esta reforma sería de un recorte de tres décimas sobre el déficit público, aunque las medidas concretas aún no se han detallado, excepto la intención de hacer permanentes los impuestos a energéticas y banca.
Además, se han incluido reformas adicionales, especialmente vinculadas con áreas de actividad económica que se han identificado en los últimos años como muy relevantes o en las que se necesita un esfuerzo extra por la parte de la política económica para atajar o asegurar el PIB potencial de algunos de los factores que van a afectar sobre todo la parte de migraciones y vivienda.
Por ejemplo, en la parte de migraciones lo que se ha incluido es la reforma que está en marcha del reglamento de extranjería para mejorar o aprovechar al máximo el potencial de productividad de los trabajadores migrantes.
En la parte de clima de negocios y vivienda, que es una de las prioridades del Gobierno, muchas de las reformas se enfocan en fomentar la parte de oferta de vivienda y la reducción de barreras administrativas, con el impulso de un 'Régimen 20' que facilite los trámites en todo el territorio.
En el bloque de medidas presupuestarias se incluyen no solamente medidas vinculadas a la reforma de pensiones, que van a tener impacto más allá del 2024 y del 2025, porque su impacto es incremental, sino algunas adicionales relacionadas con el ámbito presupuestario.
No obstante, cabe aclarar que tal y como está concebido este plan de ajuste, el documento supone un paraguas en cuanto a la senda del crecimiento de gasto --fijado por el Gobierno en el 3% durante un periodo de siete años--. Sin embargo, el detalle de las medidas para cumplir con esa regla se recogerá en los planes presupuestarios, que tienen una periodicidad anual.
Como paso previo a esta presentación del plan de ajuste, España ha mantenido a lo largo de estos últimos meses un diálogo técnico con la Comisión Europea sobre la senda de gasto neto plurianual. Como punto de partida, Bruselas comunicó ya una trayectoria de referencia para aquellos países con una deuda pública superior al 60% del PIB, como España, o un déficit público que sobrepase el 3% del PIB.
Según han revelado fuentes del Ministerio de Economía, la trayectoria de referencia que la Comisión estimó hace unos meses apuntaba que el crecimiento del gasto promedio para los años 2025-2031 era del 2,8%, aunque con datos recientes sobre población y sobre el impacto de la reforma de pensiones, finalmente ese porcentaje se ha dejado en el 3%.
Una vez recibidos los borradores de los planes de ajuste fiscal, el Ejecutivo comunitario los examinará y publicará su evaluación en un plazo de seis semanas a partir de la recepción y con el 30 de noviembre como fecha límite.